El Tribunal Supremo ha abierto una causa al senador de Coalición Canaria, Pedro San Ginés, por delitos de denuncia falsa y falso testimonio en relación a una denuncia sobre supuestas irregularidades en la contratación pública en Lanzarote que realizó en 2009, según la Fiscalía, con "ánimo de faltar a la verdad".
Será el magistrado Vicente Magro el encargado de dirigir la investigación contra el también expresidente del Cabildo Insular de Lanzarote, después de que el Supremo haya recibido una exposición razonada del Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife, órgano que estaba al frente del caso.
Inhabilitación para San Ginés
Este juzgado se dirigió al Supremo después que San Ginés adquiriese la condición de senador por Canarias y, por tanto, pasase a ser aforado ante el alto tribunal.
La Sala de lo Penal ha constatado que existen indicios de que San Ginés pudo haber cometido los delitos por los que le acusa la Fiscalía, que pide un año y medio de prisión e inhabilitación durante el tiempo de la condena.
Los hechos
Los hechos se remontan, según consta en el auto del Supremo a 2009, cuando San Ginés ostentaba el cargo de presidente del Cabildo de Lanzarote y del ente público insular Centros de Artes, Cultura y Turismo.
San Ginés compareció voluntariamente ante las dependencias policiales de Costa Teguise para denunciar unas irregularidades en la contratación de determinados servicios cometidas por diversas personas, si bien, según la Fiscalía, el ahora senador narró dichas irregularidades "con ánimo de faltar a la verdad objetiva, y con manifiesto desprecio hacia la misma".
Juró decir la verdad
Después declaró como testigo en las actuaciones judiciales abiertas por su denuncia y, "previo juramento o promesa de decir verdad", sostiene la Fiscalía, "volvió a manifestar, faltando a la verdad objetiva, las mismas irregularidades en la contratación de servicios imputadas".
Diez años después volvió a declarar y mantuvo las anteriores imputaciones; a los pocos días esa causa fue sobreseída provisionalmente, según el relato de la Fiscalía.
Este no es el primer procedimiento judicial en el que se ve envuelto San Ginés; en 2022 un juzgado de Arrecife le absolvió tras un juicio celebrado por la incautación en 2014 de la planta desaladora de la empresa Club Lanzarote, en Montaña Roja (Playa Blanca).