Los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias han rechazado la petición de CC y PP de crear una comisión parlamentaria para investigar las responsabilidades políticas inherentes a la gestión de la contratación, por parte del Servicio Canario de la Salud, del material sanitario para hacer frente a los efectos de la covid-19.
De ese modo PSOE, Podemos, Agrupación Socialista Gomera (ASG) y Nueva Canarias (NC) han rechazado la pretensión de CC-PNC-AHI y PP de investigar en la Cámara el llamado "caso Mascarillas", por la presunta estafa de cuatro millones de euros a la sanidad pública de Canarias en la compra de mascarillas.
Investigación secreta
Desde los grupos de la oposición se ha criticado la decisión de la Junta de Portavoces de oponerse al debate de la petición de crear una comisión para investigar en el Parlamento regional el caso, mientras que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha dicho que se trata de un caso en el que se han declarado secretas las actuaciones.
Antes de la votación el diputado del grupo Nacionalista Narvay Quintero pidió al presidente de la Cámara legislativa, Gustavo Matos, que leyese el contenido de la petición, algo que este consideró no pertinente porque las catorce páginas de las que consta la reclamación constan en el registro del Parlamento y también disponen de ella los grupos parlamentarios.
En manos europeas
Un caso que el juzgado de Las Palmas de Gran Canaria que estaba al cargo del caso ha transferido a la Fiscalía Europea, después de que esta reclamase su instrucción por opinar que afecta a fondos de la Unión Europea. La investigación es para saber las circunstancias en las que el Servicio Canario de Salud encargó al principio de la pandemia, en 2020, la importación de un millón de mascarillas FFP-3 a la sociedad RR7, sin experiencia en el sector, que cobró por adelantado cuatro millones de euros pero no entregó el material, a pesar de que en 2021 se lo volvieron a reclamar.
El empresario Rayco Rubén González, administrador de RR7, está imputado en delitos de estafa agravada y blanqueo de capitales y el director del SCS en aquellas fechas, Conrado Domínguez, en prevaricación y tráfico de influencias. Conrado Domínguez renunció al cargo este mes, tras saberse las implicaciones de la declaración de Rayco Rubén González y que, a raíz de ellas, el juez del caso ampliaba la investigación a un quinto delito: malversación de fondos públicos.