El Parlamento de Canarias modificará la Ley de los Juegos y las Apuestas con la finalidad de controlar el acceso a la actividad y su ejercicio y proteger a los grupos más susceptibles de ser perjudicados, sobre todo a los menores, ha dicho este jueves el consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez.
También son objetivos de esta modificación la regulación técnica de los juegos, para que no se haga trampa, y que la actividad tenga gravámenes fiscales, ha añadido el también consejero de Justicia y Seguridad durante su intervención en el pleno del Parlamento regional.
Importante regulación
El consejero ha dicho que el juego es una actividad lícita pero restringida, que es mirada con prevención por la sociedad e incluso temida, por lo que, ha añadido Julio Pérez, todos los ordenamientos jurídicos reglamentan su actividad con especial intensidad. El consejero cree que se trata de la única actividad humana en la que un ciudadano puede acudir a las autoridades para que le impidan realizarla, y por ello su regulación legal es tan importante, delicada y difícil.
El proyecto de ley de modificación surgió de una iniciativa parlamentaria de la diputada de Nueva Canarias Carmen Hernández, ha indicado el consejero, quien también ha señalado que en Canarias hay 299 salones de juego, 30 bingos, 8 casinos, más de 7.000 máquinas tipo B, 3.500 establecimientos de hostelería que suman 5.560 máquinas, con lo que se generan al año casi 60 millones de euros en impuestos.
Más protección
De este modo, con la modificación se pretende sobre todo la salvaguarda de los menores y demás colectivos necesitados de especial protección, y para ello se quiere prohibir a determinados colectivos el uso de máquinas recreativas con premio en metálico y las de azar, y ampliar la relación de personas que tienen prohibida la participación en los juegos.
También se prohibirá la promoción del juego tanto en Radiotelevisión Canaria como en las actividades deportivas, y se establecerá una distancia mínima de 200 metros entre establecimientos de juegos, y de 300 metros entre estos y los centros docentes o de atención a menores