La Comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento de Canarias ha encargado a la Audiencia de Cuentas de Canarias que proceda a una nueva fiscalización de los gastos y contratos del Gobierno de Canarias durante la crisis sanitaria de la COVID-19, entre los que figuran los cuatro millones de euros supuestamente estafados al ejecutivo en la compra de mascarillas.
La Audiencia de Cuentas ya fiscalizó estos gastos para el ejercicio 2020, aunque el informe que elaboró se quedó en borrador por la falta de acuerdo entre sus integrantes sobre las conclusiones, en las que se advirtió una posible responsabilidad contable que fue puesta en conocimiento del Tribunal de Cuentas y de la Fiscalía.
Un nuevo informe
Ante esa falta de fiscalización, Coalición Canaria ha propuesto este viernes en la comisión parlamentaria un nuevo informe sobre "los efectos de la COVID-19 en el presupuesto y la contratación de la Comunidad Autónoma de Canarias" en los cuatro años de legislatura, propuesta que ha sido apoyada por unanimidad. "Queremos analizar los efectos de la COVID-19 en el presupuesto y la contratación de la Comunidad Autónoma", que haya "transparencia", dijo el portavoz de CC-PNC, José Miguel Barragán. Fernando Enseñat, del PP, defendió esta fiscalización porque "parece que los controles fueron laxos, nadie se enteraba de nada y el Gobierno supo del caso mascarillas por la prensa".
El representante del PP lamentó que los partidos del Gobierno impidieran una comisión de investigación parlamentaria sobre el caso mascarillas e incluso su debate en el pleno, y confió en que, tras haber sido "bloqueado" el informe anterior de la Audiencia de Cuentas, se puedan aclarar ahora además los contratos sobre miles de unidades de material sanitario contra el COVID-19 almacenado porque no pasó los controles de calidad.
Posibilidad de irregularidades
Por los grupos que respaldan al ejecutivo, Pedro Viera, del PSOE, mostró el apoyo a este informe de fiscalización "conscientes de la legalidad de la actuación" del Gobierno y para "alejar cualquier discurso demagógico", que a su juicio es lo que inspira esta petición de CC-PNC. Recordó que el borrador que no llegó a aprobar la Audiencia de Cuentas apuntaba a la posibilidad de irregularidades contables en el caso mascarillas, que fueron comunicadas al Tribunal de Cuentas que ha abierto un procedimiento de reintegro del dinero, justo el mismo propósito que tiene el Gobierno de Canarias, subrayó.
Francisco Déniz, de Sí Podemos Canarias, afirmó que como el caso mascarillas está judicializado "sobraba" la investigación del Parlamento de Canarias propuesta por la oposición, pero en cambio sí las contrataciones del Gobierno "necesariamente" tienen que ser fiscalizadas. La diputada de ASG Melodie Mendoza apoyó el informe de fiscalización, que será "un trabajo arduo" para la Audiencia de Cuentas, y consideró que no va a haber ninguna irregularidad en la contratación de las mascarillas.
El 'caso Mascarillas'
El departamento primero del Tribunal de Cuentas ha comunicado al Servicio Canario de la Salud (SCS) la apertura del procedimiento de reintegro por alcance, por el caso Mascarillas, a petición del fiscal. Con esta comunicación, a la que ha tenido acceso Atlántico Hoy, el órgano de control –siguiendo instrucciones del fiscal– mantiene abierta la investigación por una posible gestión dolosa del dinero público y la posibilidad de iniciar un proceso para recuperarlo contra los supuestos negligentes. El SCS asegura que no tienen constancia de que les haya llegado la mencionada comunicación.
En el caso Mascarillas, está siendo investigados el exdirector del SCS, Conrado Domínguez y Ana María Pérez, ex directora de Recursos Económicos del SCS, ambos por los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa por la adjudicación de un contrato de cuatro millones de euros por un millón de mascarillas que nunca fueron entregadas.
También está siendo investigado el empresario Rayco González, dueño de la empresa RR7, que era la encargada de traer las mascarillas, por estafa y blanqueo de capitales. Los investigadores creen que Rayco González, después de cobrar los cuatro millones de euros del SCS, trató de esconder 1,35 millones de euros.