El Parlamento de Canarias ha conformado este lunes la comisión que analizará las responsabilidades políticas de los contratos sanitarios firmados durante la pandemia y que desembocaron en los conocidos como caso Mascarillas y caso Koldo. Los grupos parlamentarios tendrán hasta el lunes 27 de mayo para presentar la lista de nombres que comparecerán en la comisión, entre los que se prevé que figuren el actual ministro de Política Territorial y expresidente canario, Ángel Víctor Torres y el exdirector del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez.
La Cámara canaria sigue la senda que ya han tomado tanto el Congreso como el Senado para investigar la compra de material sanitario que nunca llegó y la responsabilidad política de los cargos que se pudieron ver beneficiados, una investigación que lejos de la política lleva la Fiscalía Europea. Los representantes políticos han decidido que la comisión estará presidida por el diputado de la Agrupación Herreña Independiente Raúl Acosta y han nombrado como vicepresidente a Gustavo Santana, del partido socialista y como secretaria a Luz Reveron, del Partido Popular.
Sin enfangar
Acosta ha señalado que esta es una comisión política para "averiguar la verdad" y dirimir las responsabilidades políticas que se deriven como garantía a los ciudadanos de que este tipo de contratos no se vuelvan repetir "por muy excepcionales que sean las circunstancias".
Acosta también ha hecho un llamamiento a la mesura y a evitar tener el tono bronco que se da en las comisiones del Congreso y Senado. "Por desgracia hay partidos que van a intentar traer un tono que no es propio de este parlamento", ha apuntado Acosta, quien ha señalado que en "Canarias hay un modo diferente de hacer las cosas, creo que tenemos que tener esa buena fe todos los partidos, de ir a buscar la verdad, no el rédito político". Por ello ha solicitado "no enfangar" la comisión ya que así se perdería la legitimidad en las administraciones, ha valorado Acosta.
Los nombres
El diputado de Coalición Canaria José Alberto Díaz-Estébanez ha valorado tras la creación de la comisión que su único objetivo es “encontrar la verdad” y el saber cómo durante la pandemia “un puñado de desaprensivos sin escrúpulos confabuló para llenarse los bolsillos” y “si hubo consentimiento, conocimiento o colaboración de una o varias personas de la administración”, ha señalado.
Díaz-Estébanez no ha adelantado los nombres que dará Coalición Canaria para su lista de comparecientes, aunque preguntado en si llamarán a Ángel Víctor Torres, a Conrado Domínguez o a Antonio Oliveira ha dicho que es “bastante evidente”. “Buscaremos toda aquella persona que tenga cierta relevancia”, ha señalado el diputado, que ha incidido en la necesidad de que las solicitudes vengan acompañadas de una justificación de qué podrán aportar los comparecientes.
En este sentido apunta que serán tanto de empresas implicadas, de la administración o del ámbito político, del que señala tanto los informes previos de la Audiencia de Cuentas como del Comité de Gestión “que tuvo que dar el visto bueno para que el consejero (Blas Trujillo) y el director del Servicio Canario de Salud dieran viabilidad a unos contratos que se han demostrado que han sido lesivos”.
Creación de la comisión
En la estrategia por mantener el foco de los contratos sanitarios en el ámbito político, Coalición Canaria, Partido Popular y Vox impulsaron la creación de la comisión de investigación también en el Parlamento canario. El Pleno de la Cámara, en sesión de fecha 19 y 20 de marzo de 2024, acordó crear la Comisión de investigación para analizar las responsabilidades políticas inherentes a la gestión de la contratación por el Servicio Canario de la Salud del Gobierno de Canarias del material sanitario para hacer frente a los efectos de la COVID-19.
Pese a que el caso Mascarillas está siendo investigado por la Fiscalía Europea y el caso Koldo por la española, las cámaras de representantes han impulsado en los últimos meses sus propias comisiones para pedir responsabilidades políticas. Por una parte, el Senado, de mayoría del PP, ha impulsado una comisión centrada únicamente en el caso Koldo, mientras que la comisión del Congreso busca investigar todos los contratos relacionados con la compra de material sanitario durante la pandemia.
Los casos
Una de las patas que conformarán las solicitudes de comparecencia a la comisión están relacionadas con el caso Mascarillas, que afecta a la compra de material sanitaria por valor de 4 millones de euros que nunca se entregó, salpicó al exdirector del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez. La investigación policial intenta esclarecer cuál fue el destino de los fondos públicos que el SCS adelantó a la empresa RR7 United, que no tenía experiencia en el sector y que se dedicaba a la importación de coches, para la adquisición de un millón de mascarillas que fueron bloqueadas en la aduana por tratarse de falsificaciones.
La semana pasada la Policía Judicial registró la sede del Servicio Canario de Salud en búsqueda de pruebas que relacionaran a Domínguez, y a la exdirectora de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, en el marco de la investigación del caso. La Policía cree que Domínguez podría haberse llevado parte de una comisión de 100.000 euros por la adjudicación del contrato de 4 millones.