El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles una propuesta instando al Gobierno de Canarias a elaborar y ejecutar un plan de atención para la COVID persistente, que incluya una financiación plurianual y la colaboración de asociaciones dedicadas a la atención de esta enfermedad.
La iniciativa, respaldada por los cuatro grupos que sostienen al Gobierno -CC, PP, ASG y Mixto-, busca mejorar la atención a las entre 40.000 y 60.000 personas afectadas en las islas.
Durante la sesión, el diputado de Coalición Canaria (CC), José Alberto Díaz-Estébanez, destacó que la COVID persistente es una condición incapacitante en muchos casos y subrayó la necesidad de reconocerla como una enfermedad profesional. “Es de justicia y es de humanidad”, afirmó, subrayando el impacto que esta condición tiene en la vida de los afectados.
Un enfoque integral
Rebeca Paniagua, diputada del Partido Popular (PP), defendió la urgencia de contar con un censo real de afectados y de mejorar las unidades de atención para personas que sufren de síntomas como fatiga crónica, problemas respiratorios o deterioro cognitivo. “La atención a estos pacientes debe ser prioritaria”, insistió.
El Parlamento también dirigió un mensaje al Gobierno de España, señalando que las comunidades autónomas no pueden actuar de forma aislada en este tema. Se solicitó al Estado que reconozca la COVID persistente como enfermedad profesional, aplicable a todas las profesiones, no solo a las sanitarias. Esta posición fue rechazada por Vox, que aboga por restringir este reconocimiento solo a los profesionales del sector salud.
Críticas desde la oposición
Por su parte, el PSOE se abstuvo en la votación y mostró su desacuerdo con la inclusión de la COVID persistente como enfermedad profesional fuera del ámbito sanitario.
Otra de las demandas del Parlamento canario es que se aborden de forma recurrente en el Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad las medidas de prevención, intervención e investigación sobre la COVID persistente. Esta solicitud se hace en el contexto de las continuas olas de contagios y la aparición de nuevas variantes, que siguen afectando a la población en cualquier época del año.
Los representantes de la oposición no tardaron en recordar a los grupos que propusieron la iniciativa que ellos son quienes actualmente ocupan el Gobierno de Canarias, lo que implica que tienen la responsabilidad de implementar un plan de atención al COVID persistente. “En lugar de presentar una proposición no de ley, que no obliga al ejecutivo a actuar, deberían poner en marcha de inmediato las acciones necesarias para abordar esta situación”, afirmaron.