El pleno del Parlamento de Canarias ha emitido este lunes por unanimidad un informe favorable a las modificaciones que introduce el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado en algunos aspectos del Régimen Económico y Fiscal (REF), referidos sobre todos a la armonización del IGIC y al comercio triangular en la Zona Especial Canaria.
Según la Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía de 2018, el Parlamento de Canarias debe emitir un informe previo a cambios legislativos que incidan en el REF y, para ser favorable, debe contar con el respaldo de al menos dos tercios de los diputados, como ha ocurrido en este caso.
Medidas que afectan al REF
Entre otras medidas que afectan al REF, el presupuesto estatal armoniza el IGIC en cuanto a la normativa aduanera comunitaria.
También asimila el IGIC al IVA en la modificación de la base imponible para la devolución del IGIC no cobrado, aunque en este caso el informe parlamentario reclama que esta medida tenga carácter retroactivo para que puedan aplicarlo, entre otros, los afectados por la quiebra de Thomas Cook.
Las modificaciones del REF incluyen también cambios para que las empresas de las Zona Especial Canaria (ZEC) dedicadas al comercio triangular puedan acogerse a la tributación del 4% en el Impuesto de Sociedades, como se había hecho durante 20 años, hasta que en 2021 la Agencia Tributaria cambió la interpretación de la norma.
Cambio positivo pero insuficiente
El cambio que introduce en esta cuestión el proyecto de ley presupuestario es positivo para el futuro, porque impide esa nueva interpretación de la Agencia Tributaria, pero, según el Parlamento de Canarias, es insuficiente, porque tampoco tiene carácter retroactivo. Eso significa que la Agencia Tributaria puede seguir aplicando su criterio anterior en los ejercicios pasados y abrir inspecciones a empresas que habían actuado de buena fe aplicando el criterio que la propia Hacienda había aceptado durante dos décadas y que abandonó para el ejercicio de 2021.
Esa retroactividad sobre el comercio triangular de la ZEC es una de las cuestiones consensuadas en la proposición de ley promovida por el Parlamento de Canarias ante las Cortes Generales, en la que también se pide que se reduzca hasta el 50% el requisito de que el 90% de los recursos de las empresas que hacen estas transacciones estén situados en Canarias.
El Parlamento también pide más claridad en las exigencias sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial de las aplicaciones informáticas de las empresas de la ZEC, porque en caso contrario se genera una inseguridad jurídica que dificultará la instalación de empresas de base tecnológica.