Todos los grupos políticos representados en el Parlamento de Canarias promueven que el transporte marítimo en Canarias quede exento del impuesto a las emisiones que exige a partir de 2024 la Unión Europea. La cámara canaria busca que las operaciones que se realicen en los puertos canarios no se vean obligadas
En 2022 la Unión Europea incluyó al transporte marítimo en el régimen de comercio de derechos de emisiones, el cual crea un desincentivo en materia de emisión de gases de efecto invernadero a los buques. Esta medida fue aprobada el 16 de septiembre de 2020, por los eurodiputados para incluir el transporte marítimo en el sistema de comercio de emisiones de la UE y de establecer requisitos vinculantes para que las compañías navieras reduzcan sus emisiones de CO2 en al menos un 40% para 2030.
Exención canaria
Pero al igual que sucedió con el transporte aéreo, desde la política regional buscan que los puertos canarios -que al ser comunitarios están gravados al 100%- queden exentos.
Por ello, el Grupo Popular ha presentado una Proposición No de Ley en el Parlamento de Canarias, refrendada por todos los grupos, para instar al Gobierno de Canarias, para que a su vez promueva al Ejecutivo estatal, para promover la exención "total de pago de emisiones en el transporte marítimo entre Canarias y los puertos comunitarios".
Norma europea
La propuesta consiste en modificar el artículo 12 de la Directiva Europea por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (EU ETS), que entrará en vigor el 1 de enero del próximo ejercicio 2024.
Este artículo establece que hasta "la obligación de entregar derechos de emisión no se derivará respecto de las emisiones liberadas hasta el 31 de diciembre de 2030 por los viajes entre un puerto situado en una región ultraperiférica de un Estado miembro y un puerto situado en el mismo un Estado miembro". Esto incluye a los puertos dentro de las regiones ultraperiférica.
Argumentos del sector
Así la PNL considera que esta sujeción afectará tanto a compañías europeas como no europeas y piden que Canarias no tenga que pagar derecho de emisiones en el transporte marítimo entre Canarias y los puertos comunitarios. En su argumentación, el Grupo Popular se respalda en las demandas de la Asociación de Consignatarios y Estibadores de Buques de la provincia de Las Palmas, que hace hincapié en que el trasbordo representa el 80% del volumen internacional de los puertos canarios, y que esta actividad se caracteriza por su "alta volatilidad y fácil relocalización".
Según asegura el sector, los puertos canarios se enfrentan con esta tasa verde marítima a "una pérdida de conectividad sin precedentes", y de que la pérdida de rutas directas internacionales tendría un impacto directo en la balanza comercial de la región, así como la pérdida de puestos de trabajo directos e indirectos.
Además, implicaría un incremento de costes en el abastecimiento de las islas y de tiempos de tránsito, que podrían llegar a los 30 días adicionales. En definitiva, se señala en la pnl aprobada en el Parlamento, la actual redacción de la directiva europea "supondría que Canarias desaparezca de las cadenas y rutas de suministro internacionales", cuando la diversificación de la economía canaria, sin conectividad es "prácticamente inviable".