El Parlamento de Canarias ha instado al Gobierno regional a colaborar con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para que se incluya a las personas vulnerables afectadas por un desahucio en los programas de vivienda social.
La iniciativa parte de una proposición no de ley presentada por el grupo Nacionalista Canario, concretamente por la diputada Socorro Beato, que ha sido respaldada por el resto de formaciones del Parlamento este miércoles, en una enmienda transaccional promovida por los grupos que sustentan el Gobierno de Canarias.
Convenio de colaboración
Así, la Cámara pide que el Gobierno autonómico promueva un convenio de colaboración con el CGPJ y la Fecam para detectar supuestos de vulnerabilidad en caso de lanzamiento de una vivienda familiar, así como otras medidas de carácter social.
Además, solicitan que en ese convenio se cree un protocolo de actuación entre las partes para que cuando se detecte una situación de especial vulnerabilidad o exclusión social ante un desahucio derivado de un procedimiento de ejecución hipotecaria o por falta de pago de la renta, la autoridad judicial lo comunique al organismo competente del Ejecutivo regional.
En este sentido, si se cumplen los requisitos exigidos, las personas afectadas podrán ser incluidas en los programas de vivienda social gestionados por el Instituto Canario de Vivienda o Visocan.
Acentuación de la crisis
Socorro Beato ha expuesto en la defensa de su iniciativa que la crisis económica y social derivada del impacto de la covid en las familias ha acentuado los efectos de la anterior crisis económica y financiera en la vivienda dando lugar al incremento de los desahucios, los lanzamientos judiciales y los procedimientos de ejecución, poniendo a las familias en grave riesgo de exclusión social.
Con esta iniciativa, se pretende que Canarias formalice un convenio con el CGPJ para la detección temprana de supuestos de vulnerabilidad derivados de lanzamientos y desahucios y articular un protocolo de coordinación entre el poder judicial, el Gobierno regional y la Fecam que permita el auxilio y el apoyo de las familias afectadas, ha cerrado.