La Conferencia Sectorial de Infancia entre el Estado y las autonomías, fijada este miércoles en Santa Cruz de Tenerife para trasladar a las regiones la propuesta para obligar por ley al reparto de menores entre Comunidades Autónomas y anunciada a bombo y platillo durante semanas, ha terminado por ser un paripé.
Comenzando porque, desde horas antes de acabar la reunión entre consejeros autonómicos competentes en tutela de menores y los ministros Ángel Víctor Torres (Política Territorial) y Sira Rego (Juventud e Infancia), los resultados ya se habían filtrado a la prensa: el Partido Popular no apoya la propuesta tal y como se ha presentado hoy y pide una Conferencia de Presidentes para volver a tratar el tema.
Conferencia de Presidentes que, a juicio del ministro Torres, no haría más que demorar la respuesta a esta crisis. Además, fue el propio PP el que pidió que se explicase la propuesta de reforma a las Comunidades Autónomas en esta Conferencia Sectorial antes de iniciar el trámite en el Congreso. Ganar tiempo.
Sin tiempo para pensarlo
La principal crítica de los populares es que el texto "oficial" de la propuesta del Gobierno se les pasó ayer martes a las 18:00 y no han tenido tiempo de estudiarlo. La versión del Ejecutivo no puede ser más diferente: Ángel Víctor Torres asegura que el borrador se envió a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados hace semanas y que estos realizaron aportaciones, por lo que los partidos representados en la Cámara deberían haberle hecho llegar mencionado borrador a sus colegas de las Comunidades Autónomas.
Para el PP, una falta de "lealtad", en palabras de la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, que al concluir la Conferencia ha hablado en esos términos del Gobierno de España, tanto por no respetar los cauces para entregarles la documentación -y asumir que los grupos parlamentarios del Congreso lo harían- como por "filtrar" la posición del PP a la prensa antes de que acabase la reunión. Lo cierto es que el origen de la filtración no se ha revelado. También que el PP no pudo hacer llegar el borrador de la propuesta a sus Comunidades Autónomas porque no era el cauce pero sí coordinar el manifiesto común con el que se han presentado sus consejeros en Tenerife y que fue filtrado durante la Conferencia.
Urgencia, pero no mucha
Del lado del Gobierno de España, balones fuera. Preguntada Sira Rego sobre si esta negativa del PP -hasta una supuesta Conferencia de Presidentes- incentivará al Ejecutivo a tramitar la modificación de la Ley de Extranjería vía Decreto Ley, la respuesta ha sido, con rodeos, que no, a pesar de haberse referido a la "urgencia" de la situación.
El Gobierno apela a seguir intentando aprobar la modificación por la vía parlamentaria, pero para eso necesita el apoyo del PP en el Congreso. Apoyo que, en vista del posicionamiento de las Comunidades Autónomas gobernadas por los populares, hoy por hoy es imposible. En cualquier caso, Sira Rego ha declarado que espera poder presentar la propuesta de ley para su tramitación este mismo mes de julio.
Los ministros han recalcado la falta de voluntad política del PP en este asunto. La única buena noticia (y a medias) que ha salido de esta Conferencia Sectorial es que se ha desbloqueado, con abstención de Cataluña, el reparto voluntario de 347 menores que las autonomías se comprometieron a acoger entre 2022 y 2023 y no lo hicieron. A medias porque, tal y como han recordado Torres y Rego, este punto en el orden del día se incluyó en la anterior reunión de la Conferencia Sectorial del 11 de junio y podría haber sido desbloqueado entonces, pero los populares instaron a debatirlo junto con la exposición de la propuesta de modificación de la Ley de Extranjería.
Canarias pide el Decreto Ley
El postpartido de la Conferencia, además, ha sido una carnicería de acusaciones cruzadas entre Comunidades Autónomas y Gobierno de España. Empezando por Canarias, con la consejera Candelaria Delgado (CC) al frente Bienestar Social al borde de las lágrimas, que ha instado al Consejo de Ministros a aprobar "ya" un Decreto Ley para poder derivar menores de inmediato desde las islas hacia otras comunidades, cuyos matices se podrán discutir después en el Congreso.
Mientras tanto, las consejerías del PP presentes en la reunión (sólo siete autonomías han acudido presencialmente) han denunciado estar sobrepasadas con los menores migrantes que acogen actualmente, justificando así su posición. Loles López (Andalucía), ha acusado al Gobierno central de "irresponsabilidad y falta de humanidad" por "meter 454 menores por la puerta de atrás" en su región, a los que se atiende "a pulmón, sin un solo céntimo por parte del Gobierno de España".
Murcia, por su parte, ha asegurado estar "colapsada, sobreocupada al 200% por la llegada continua de embarcaciones a sus costas y sin capacidad para acoger a más". La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Concepción Ruiz, ha señalado que “cumplirá exclusivamente con el acuerdo adoptado en 2022” y no apoyará la reforma de la Ley de Extranjería “por la improvisación del Ejecutivo central y la falta de políticas migratorias”.
Cataluña en contra
Por su parte, el consejero de Derechos Sociales de Cataluña, Carles Campuzano, ha asegurado estar en contra de la propuesta por basarse en datos falsos de menores actualmente acogidos en Cataluña (asegura que no hay 1.419 jóvenes en su sistema de protección, sino 2.369), por las trabas para identificar realmente la edad de los migrantes que se declaran como menores y por considerarla, en general, una política de parches.
Ha insistido en que sin abordar estas cuestiones, difícilmente "vamos a poder ayudar de manera efectiva a Canarias pues nos limitamos a trasladar los problemas que hay en Canarias a repartirlos por toda España".
Canarias se queda sola y Vox rompe sus acuerdos
Todos los consejeros que han atendido a la prensa han sido preguntados sobre qué pasa, en vista de su negativa a apoyar la reforma hoy por hoy, con la presión que tiene Canarias, donde hay más de 6.000 menores no acompañados para 2.500 plazas alojativas (Murcia, por ejemplo, ha hablado de desbordamiento por acoger a menos de 1.000 y Cataluña de manipulación de los datos por acoger en torno a 2.000). Ninguno ha dado una respuesta contundente.
Y mientras todo esto ocurría, la reacción en cascada de Vox se ha producido: el partido ultraderechista, que sostiene a cinco gobiernos autonómicos del PP (Aragón, Castilla y León, Murcia, Extremadura y Comunidad Valenciana), ha dado por rotos sus acuerdos después de que el partido haya aceptado el reparto voluntario por parte de las comunidades autónomas de los 347 menores migrantes pendientes desde 2022.