Corría el día 22 de junio de 2019 en el santacrucero parque García Sanabria. Allí se dieron cita los líderes de los partidos que habrían de firmar el que a partir de entonces sería conocido como el Pacto de las flores, fruto de una ocurrencia del histórico socialista José Vicente González Bethencourt que encantó a la entonces flamante nueva alcaldesa de la capital, Patricia Hernández. Se corrió la voz y quedó bautizada la coalición, según el relato que escribió pocos meses después el periodista Paco Pomares en las páginas de El Día.
Los firmantes eran el socialista Ángel Víctor Torres, a la postre presidente del Ejecutivo; Román Rodríguez, expresidente por Coalición Canaria y después líder de Nueva Canarias; Noemí Santana, cabeza visible de Unidas Podemos en las Islas; y Casimiro Curbelo, plenipotenciario dirigente de la Agrupación Socialista Gomera.
Entre las grandilocuentes proclamas acordes a este tipo de ocasiones se pudo escuchar aquella jornada sabatina que el nuevo Ejecutivo iba “a trabajar de forma clara por los más necesitados” (Curbelo), que sería “peleón y valiente, como nuestro pueblo” (Santana), que "la ciudadanía de Canarias no nos perdonaría que la ilusión que levanta este acuerdo fracasara” (Rodríguez) y, por tanto, que los ciudadanos fueran “exigentes con nosotros” porque "este Gobierno no les va a fallar” (Torres). No imaginaba en ese momento el futuro presidente de Canarias las vicisitudes que tendría que enfrentar el primer gobierno socialista en el archipiélago después de 26 años, cuando la censura a Jerónimo Saavedra inició el periplo de Coalición Canaria, creada ad hoc, al frente de la máxima institución de la región.
Incendios en Gran Canaria
Menos de un mes después de convertirse formalmente en presidente, Torres hizo frente al primer contratiempo en forma de catástrofe natural. El 10 de agosto se declaró un incendio que dio comienzo en el municipio de Artenara. Cuando aun se luchaba por reducir las llamas se produjeron otros dos, siendo el último, el originado en Valleseco, el más virulento que hasta el día 22 no pudo ser controlado.
El balance fue de 10.000 hectáreas quemadas -uno de los mayores incendios forestales de la última década- con más de 9.000 de vecinos evacuados en nueve municipios de la Isla. En términos económicos, ayuntamientos y cabildo cuantificaron los gastos derivados del incendio en más de 15 millones de euros. El Ministerio de Política Territorial, sin embargo, solo concedió 4,35. Por poner un ejemplo, la máxima institución de la isla solicitó 8,26 millones y le fue otorgado 1,41.
Hay que destacar que en el peor momento de la crisis se desplegó el mayor dispositivo de emergencia que se haya visto en el Archipiélago y Torres confesó poco después que aquello estuvo a punto de ser “una hecatombe” con más de 150.000 hectáreas calcinadas.
Quiebra de Thomas Cook
Era el turoperador más antiguo del mundo, una de esas empresas que parecían incólumes a los efectos de la sucesivas crisis. Too big to fail, como dicen los anglosajones. Así era Thomas Cook, el mayor suministrador de turistas al Archipiélago, alrededor de 3,5 millones al año según datos de Ashotel y la FEHT. La enseña británica aportaba uno de cada cuatro visitantes extranjeros en Canarias.
Sin embargo en septiembre de aquel 2019, un mes escaso después del fin del incendio, la empresa fue incapaz de asegurar los fondos para garantizar su supervivencia y fue a la quiebra, dejando en la estacada a 30.000 turistas en Canarias y al destino con un gigantesco agujero por cubrir.
La economía de mercado benefició entonces al Archipiélago, puesto que pronto el vacío dejado por la multinacional fue copado por otros operadores como la aerolínea Norwegian, que reculó en su intención de abandonar sus bases en las islas y se hizo con parte de la cuota de mercado de Thomas Cook. La consejera de Turismo, Yaiza Castilla, dijo entonces que, menos de un mes después de la bancarrota, el 91% de las plazas aéreas ya se habían recuperado.
Tres meses después el gobierno de Torres y el Ministerio de Turismo firmaron un convenio por valor de 15 millones de euros para un plan de actuación que mitigase los efectos de la quiebra del gigante turístico.
Cero energético en Tenerife
Las desgracias se le acumulaban en el despacho al ya no tan flamante líder regional cuando, solo seis días después, se produjo un cero energético en Tenerife, dejando sin electricidad a toda la isla durante nueve horas.
La subestación de Granadilla sufrió un incidente que dejó sin luz a unas 920.000 personas y provocó numerosas actuaciones para rescatar a personas encerradas en ascensores, otras sin poder salir de sus garajes, o para regular el tráfico rodado.
No es el el único al que se ha tenido que enfrentar la Isla en esta legislatura, porque menos de un año más tarde se produjo un nuevo percance por un fallo en la generación. Por estos percances Endesa fue sancionada por el Gobierno de Canarias con una multa de 13,6 millones en el primer caso y 8 en el segundo.
Más incendios… y calima
La llegada de 2020 podía hacer pensar en el tópico de "año nuevo, vida nueva", pero nada más lejos de la realidad. El segundo mes del año trajo consigo un nuevo episodio de incendios que afectó esta vez al norte de Tenerife, en los municipios de La Orotava, Los Realejos, Santa Úrsula y La Guancha que se solaparon con la celebración del carnaval de Santa Cruz, el primero bajo el mandato del PSOE en democracia.
Hubo críticas por la idoneidad de celebrar una fiesta multitudinaria, de carácter insular, cuando había familias acuciadas por las llamas y el COVID ya se había manifestado en las Islas. Un hecho agravado cuando llegó a Canarias, con especial incidencia en Tenerife, el peor episodio de calima que se recuerda en medio siglo, acaparando titulares en todo el mundo por el asombroso parecido a una postal marciana. Se canceló la fiesta, se retomó sin dar por finalizado el evento climático y la gran parte de la ciudadanía demostró que le daba igual las consecuencias para su salud porque el carnaval era sagrado… hasta que llegó el COVID-19.
Este hecho derivó en un estudio titulado Impacto de una tormenta de arena y de los carnavales en la diseminación del SARS-CoV-2 en Tenerife y Gran Canaria (Islas Canarias, España), entre cuyos firmantes se encuentra el rector de la ULPGC, Lluís Serra, que hipotetiza sobre la menor propagación inicial del virus en Canarias debido al confinamiento -recomendado, no impuesto- que provocó la alta concentración de partículas en el aire. También considera que el carnaval de la capital pudo ser el motivo por el que en Tenerife representara el 60% de los casos frente al 25% del Gran Canaria con una población similar.
COVID-19
En aquel entonces se había diagnosticado -casi un mes antes- el primer caso de coronavirus en Canarias, un turista alemán que se encontraba en La Gomera. La concatenación de hechos es caprichosa, porque solo un día después de la clausura del carnaval, el lunes 24, el Gobierno de Canarias, sin referente y falto de experiencia en estas lides, tomó la valiente y controvertida decisión de confinar a todo un hotel en el sur de Tenerife en lo que sería el primer precedente de un confinamiento severo en España.
Fueron 14 días que la sociedad canaria siguió con atención hasta que, pocos días después, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, decretase el confinamiento obligatorio para el conjunto del país, declarando la alerta sanitaria por COVID-19. Poco se puede escribir aquí que no se haya dicho ya sobre las consecuencias que trajo para Canarias: cero turístico, paralización casi absoluta de la economía y un profundo agravamiento de las desigualdades sociales y de la pobreza, por mencionar algunas de las más relevantes, obviando las dramáticas consecuencias sanitarias y para la salud.
Aun hoy el Ejecutivo canario, de manera análoga al resto del mundo, sigue estructurando sus actuaciones a futuro en base a lo acontecido entonces y en previsión de que sea algo que puede volver a suceder, como bien demostraron las diversas olas que obligaron a nuevas restricciones de menor calado, visto el destrozo que el primero causó en las economías locales y mundiales. En 2021 la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) cifró el impacto en una merma de 10.510 millones debido a la pandemia.
Hacinamiento en Arguineguín
Después de enfrentarse a problemas nunca vistos en la historia moderna, regresaron a Canarias viejos fantasmas aquel verano para completar la foto fija de la desazón, con el agravante de que, en esta ocasión, al contrario de lo sucedido anteriormente, la ciudadanía, comprensiva hasta entonces por la naturaleza aleatoria de los hechos anteriores, sí dirigió su mirada a la gestión desarrollada desde los gobiernos regional y estatal.
Se trataba de la mayor llegada de inmigrantes a las costas canarias desde la crisis de los cayucos de 2006. El puerto grancanario de Arguineguín se convirtió en el paradigma de una gestión deficiente en materia de inmigración del Estado que salpicaba al gobierno de coalición.
El hacinamiento al que fueron sometidos las miles de personas que llegaron a las Islas fue objeto de importantes críticas por parte de las administraciones locales y de organizaciones sin ánimo de lucro que denunciaban el trato vejatorio al que se veían sometidas incluso mujeres embarazadas y niños.
La solución de emergencia fue pinocha en medio de un incendio, pues se ubicó a centenares de inmigrantes en hoteles que permanecían cerrados por la pandemia. La imagen de aquellos que venían en busca de una vida mejor “disfrutando” de las instalaciones despertó intensas críticas por parte de la oposición y ciertos sectores sociales que vieron un trato desigual con aquellos -entiéndase los residentes canarios- que peor lo estaban pasando por la pandemia.
Volcán de La Palma
Pesa a que las desgracias nunca vienen solas, quizás en el Gobierno de Canarias se pensase que ya habían pasado todas. Estábamos entonces bien entrados en 2021 y salvo ligeras restricciones por las nuevas olas nada “nuevo” había sucedido. El verano arrojó cifras prometedoras a nivel turístico y las previsiones de crecimiento eran las más altas del territorio nacional. Salíamos de la crisis. Error.
El 19 de septiembre las entrañas de La Palma despertaron y manó de su interior el fuego latente. Cumbre Vieja atrajo la atención del mundo. Medios de comunicación, investigadores y expertos acudieron a la Isla Bonita para contemplar el fenómeno de la naturaleza del volcán. Los canarios se iban a dormir con la tele encendida, escuchando bramar a la tierra. La televisión pública canaria, la de todos, ganaba premios por su cobertura mediática y la ministra de Turismo y ahora candidata a la alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, entendía que el espectáculo “maravilloso” del volcán servía como reclamo turístico.
La sociedad palmera, mientras tanto, sufría las consecuencias: daños en torno a los 1.000 millones, casi 1.200 hectáreas arrasadas, unos 20.000 afectados de los cuales 7.000 tuvieron que dejar sus viviendas. Se destruyeron 3.000 edificaciones -de manera total o parcial-, 73 km de carreteras y 228 hectáreas de cultivos de plátano, el principal de la isla.
Otra circunstancia imprevisible que tuvo que gestionar el Ejecutivo de Torres, quien manifestó hace apenas dos meses que la erupción fue “mucho más destructiva” de lo que se preveía y que gracias a la “lealtad entre administraciones” se pudo minimizar todo lo posible el impacto de la misma.
Guerra en Ucrania
Que la expulsión de lava finalizase antes de que lo hiciera el año 2021 podía hacer pensar una vez más en el afamado refranero español, pero no es este un ciclo caracterizado por la estabilidad. Torres, cual optimista incurable, anunció en febrero que este 2022 sería el año de la consolidación económica. "Lo que viene por delante va a ser muchísimo mejor que lo que hemos vivido en el pasado”, declamó en sesión parlamentaria.
Ya en aquel momento no estaba siendo fácil la recuperación tras el coronavirus y el volcán debido a la subida del precio del combustible y el encarecimiento de los fletes, lo cual ha venido generando desde entonces unos importantes problemas de logística con especial impacto en sectores como el automovilístico, el de la construcción o el electrónico.
En el peor momento para el consumo de energía probablemente desde la crisis del petróleo de 1973, Rusia decide invadir Ucrania, país que ahora sabemos que era el “granero de Europa”, sumando a un ya mermado sector primario a la lista de agraviados por esta racha de desdichas que afectan de manera particular al alejado archipiélago canario. Falta de insumos, una imparable subida de los combustibles y miles de animales en la cola del matadero han sido solo algunas de las consecuencias.
Inflación
La consecuencia final, derivada sobre todo del COVID pero apuntalada por la guerra en Ucrania, es la radical tendencia inflacionista que estamos viviendo y que ha llevado a las familias canarias a ver incrementada alrededor de un 30% su cesta de la compra. Aun así, Canarias es junto a Madrid la comunidad que presenta una menor inflación -pero su cesta de la compra siempre fue más cara-.
Un alza de precios que tiene consecuencias en clave interna pero también a nivel supranacional, provocando subidas de tipos en los mercados que encarecen de manera prohibitiva los costes para particulares y también para la administración, por poner ejemplos, en hipotecas o contratos de obra pública, quedando muchos desiertos por la incapacidad real de las empresas para obtener rentabilidad.
Pese a ser reacio en un primer momento -podría "poner en riesgo" la prestación de los servicios públicos, dijo Torres en marzo- el Ejecutivo anunció antes de presentar sus presupuestos para 2023 bajadas de impuestos selectivas, con medidas “quirúrgicas”, en palabras de Román Rodríguez, para intentar compensar a la sociedad los efectos de la inflación.
El Ejecutivo manejará el año que viene un presupuesto de más de 10.000 millones. La estrategia es combatir el alza de precios con deducciones y ayudas directas, pero cerrando la puerta a una bajada del IGIC -la oposición pedía bajar del 7 al 5% (el Ejecutivo subió medio punto nada más llegar al poder)- o deflactar de manera generalizada los tramos del IRPF, como aseguró Torres en sede parlamentaria.
Pero nunca digas nunca jamás, como en la película de Sean Connery, puesto que, a falta de seis meses para el final de la legislatura, es imposible asegurar que no habrá un nuevo acontecimiento inesperado que haga saltar por los aires las previsiones del Gobierno de Canarias.
