El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, analiza en esta entrevista con Atlántico Hoy las medidas que el Ejecutivo regional ha puesto en marcha para afrontar la emergencia habitacional, uno de los principales preocupaciones de los canarios según el último Sociobarómetro. Desde la construcción de viviendas públicas hasta incentivos fiscales y propuestas innovadoras, Rodríguez analiza cómo el Gobierno pretende dar respuesta a una de las grandes obstáculos de los canarios para iniciar un proyecto de vida.
[Pregunta] En una reciente encuesta del Sociobarómetro, publicada esta semana en Atlántico Hoy, se señaló que las tres principales preocupaciones de los canarios son la pobreza, el desempleo y el acceso a la vivienda. Este mismo año, el Parlamento de Canarias aprobó un decreto ley para abordar la crisis habitacional. De cara a 2025, ¿qué medidas concretas implementará el Gobierno de Canarias para facilitar el acceso a la vivienda?
[Respuesta] Somos plenamente conscientes de que la vivienda es una de las principales preocupaciones de los canarios, si no la mayor. Este no es un problema exclusivo de Canarias, pero en nuestras islas tiene un impacto significativo que condiciona los proyectos de vida de miles de personas. Por eso, el Gobierno de Canarias ha puesto en marcha una estrategia integral para abordar la emergencia habitacional.
Para 2025, contamos con el mayor presupuesto de la historia del Instituto Canario de Vivienda, lo que refleja nuestro compromiso. En cuanto a medidas concretas, estamos construyendo mil viviendas públicas este año y construiremos otras mil el próximo. Estos números son excepcionales en comparación con la última década y media. Además, estamos incentivando al sector privado para que construya vivienda protegida y estamos movilizando viviendas actualmente cerradas mediante incentivos fiscales incluidos en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
Estamos multiplicando los esfuerzos con acciones que aborden el problema a corto, medio y largo plazo. La situación requiere una respuesta múltiple, no solo en vivienda pública, sino también mediante la colaboración con el sector privado y la movilización del parque inmobiliario inactivo. Es una apuesta sin precedentes en Canarias para garantizar un acceso más justo a la vivienda.
[Pregunta] En Canarias, las tres grandes preocupaciones —desempleo, vivienda y pobreza— están profundamente interrelacionadas. El desempleo dificulta el acceso a una vivienda y los altos precios empujan a muchas familias trabajadoras al límite de la pobreza. Ante este panorama, ¿cómo puede el Gobierno de Canarias transmitir esperanza a los ciudadanos y abordar estas problemáticas tan complejas?
[Respuesta] Evidentemente, no tenemos la solución definitiva a todos los problemas, y si la tuviésemos, ya estaría sobre la mesa. Estas son cuestiones globales que también afectan de manera significativa a Canarias. Sin embargo, es cierto que están profundamente conectadas. Hoy, Canarias presenta datos de desempleo mucho mejores que hace 5, 10 o 15 años, pero aun así, muchas personas trabajadoras no pueden acceder a una vivienda.
El diagnóstico es claro: el crecimiento poblacional en los últimos 20 años ha aumentado la demanda de vivienda, pero la oferta no ha crecido al mismo ritmo. En 2007-2008 se construían hasta 35.000 viviendas al año; en la última década, la cifra anual más alta ha sido de 3.000, con una media de solo 1.500 viviendas. Esta descompensación afecta tanto al mercado de compra como al de alquiler, incrementando la demanda en ambos frentes y haciendo que los precios suban.
Por eso, nuestras políticas se centran en aumentar la oferta habitacional. Estamos movilizando viviendas cerradas mediante incentivos fiscales e impulsando la construcción de viviendas públicas y protegidas. Creemos firmemente que estas medidas, a corto plazo con la movilización de viviendas disponibles y a medio plazo con nuevas construcciones, pueden aliviar la emergencia habitacional que afecta a tantas familias.
La teoría está clara, y ahora estamos enfocados en ponerla en práctica. En este año y medio de gestión, hemos priorizado la vivienda como un eje fundamental. Aunque resolver este problema es complejo, estamos trabajando intensamente para ofrecer soluciones reales que generen esperanza y mejoren la calidad de vida de los canarios.
[Pregunta] Un reciente informe señala que Canarias necesitaría 34.000 viviendas asequibles para aliviar la emergencia habitacional. ¿Coincide esta cifra con los cálculos del Gobierno de Canarias? ¿Es posible alcanzar ese objetivo? ¿Se plantean un plazo para lograrlo, considerando además el crecimiento continuo de la población en el archipiélago?
[Respuesta] Sí, esa cifra de 34.000 viviendas está en línea con nuestras estimaciones para atender la emergencia habitacional en Canarias. Sin embargo, es importante aclarar que no hablamos exclusivamente de viviendas públicas, como a veces se interpreta. El 80% de la vivienda protegida en España, y también en Canarias, ha sido históricamente construida por el sector privado, especialmente durante las décadas de los 80 y 90. Por eso, el sector privado debe jugar un papel clave en esta solución.
Desde el Gobierno estamos trabajando para canalizar recursos hacia la construcción de viviendas asequibles. Un ejemplo es el impulso para que la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) se utilice en proyectos habitacionales, en lugar de destinarse a otros sectores. Además, estamos incentivando la movilización de viviendas cerradas, la mayoría de las cuales —contrario a la creencia popular— pertenecen a pequeños propietarios, no a grandes tenedores.
Para estimular a estos propietarios, hemos incluido incentivos fiscales en la declaración de la renta, de hasta 1.200 euros, para quienes pongan sus viviendas en el mercado de alquiler. Estas medidas buscan seducir a los pequeños propietarios y revertir el déficit habitacional desde varios frentes.
Aunque el sector público seguirá incrementando el parque de viviendas públicas —que actualmente es de unas 22.000 unidades—, alcanzar la cifra de 34.000 viviendas requiere un esfuerzo combinado. A corto plazo, estamos apostando por movilizar viviendas cerradas y, a medio y largo plazo, por aumentar la construcción de viviendas protegidas y asequibles.
Sabemos que esto no resolverá por completo el problema, pero estas acciones buscan paliar el déficit habitacional dentro de nuestras competencias. Continuaremos trabajando en medidas que beneficien tanto a los propietarios como a quienes buscan una vivienda digna.
[Pregunta] El sector privado ha expresado su interés y capacidad para construir viviendas, pero parece que aún existen obstáculos como el temor tras la crisis de 2008 y la lentitud en la tramitación de licencias. ¿Qué medidas está tomando el Gobierno de Canarias para incentivar y facilitar la participación privada en la construcción de viviendas asequibles?
[Respuesta] Efectivamente, el sector de la construcción en Canarias es hoy más maduro y robusto que en 2008. Las empresas que sobrevivieron a la crisis financiera han aprendido de esa experiencia y ahora son más conservadoras al tomar decisiones, lo cual no es negativo, ya que garantiza la finalización de las obras. Sin embargo, persisten retos importantes, como la lentitud en la tramitación de licencias urbanísticas, que afecta directamente la respuesta a la emergencia habitacional.
En Canarias ya contamos con suelo urbano y urbanizable suficiente para cubrir la demanda habitacional sin necesidad de ocupar más terreno. El problema radica en los procesos administrativos, que muchas veces no avanzan al ritmo que la emergencia requiere. Por ello, estamos trabajando en un nuevo decreto ley que presentaremos en el primer trimestre del próximo año. Este decreto tendrá como objetivo simplificar y agilizar la obtención de licencias para la construcción de viviendas.
Además de esta medida, introduciremos un mecanismo innovador basado en la Ley de Vivienda Estatal: la vivienda asequible incentivada. Este modelo no es vivienda protegida, sino una categoría intermedia dirigida a aquellas familias que no califican para viviendas protegidas pero tampoco pueden acceder a una vivienda digna en el mercado libre. Se desarrollará mediante incentivos urbanísticos para promover la construcción de viviendas de alquiler a precios asequibles.
Hemos clasificado cuidadosamente los instrumentos para cada necesidad: desde alquiler social para las familias con ingresos de hasta 1,5 veces el IPREM, hasta alquiler asequible para quienes ganan entre 1,5 y 4,5 veces el IPREM. Pero hay un segmento importante de familias, con ingresos ligeramente superiores, que queda fuera de estas opciones. Para ellos, la vivienda asequible incentivada será una solución real.
Este mecanismo es único y, aunque está contemplado en la legislación estatal, ninguna comunidad lo ha desarrollado hasta ahora. Canarias será pionera en implementarlo, marcando un hito en la respuesta a la emergencia habitacional. Con estas acciones, esperamos fortalecer la confianza del sector privado y dar un paso adelante en la construcción de viviendas asequibles para quienes más las necesitan.
[Pregunta] La escasez de viviendas en alquiler residencial en Canarias es evidente. Portales como Idealista muestran menos de 500 propiedades disponibles en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, mientras que las plataformas de alquiler vacacional ofrecen una oferta mucho mayor. ¿Cree que la nueva ley para regular el turismo vacacional podrá aliviar esta presión en el mercado de la vivienda, considerando que también dependerá de la gestión de los ayuntamientos?
[Respuesta] Lo primero que debemos aclarar es que no estamos en contra del alquiler vacacional. En Canarias, este modelo ha sido una herramienta clave para generar ingresos y consolidar la clase media, similar a lo que ocurrió en los años 70 y 80 con los apartamentos extrahoteleros en el sur de las islas. Sin embargo, es cierto que en algunos casos el concepto inicial se ha desvirtuado.
Hoy en día, encontramos edificios completos destinados al alquiler vacacional, gestionados por empresarios que operan casi como hoteles sin cumplir con las normativas ni los estándares de este tipo de alojamientos. Esto, en zonas residenciales, afecta directamente la disponibilidad de viviendas para alquiler de larga duración. Además, hemos visto casos de propiedades que no reúnen condiciones mínimas ofertadas a precios exorbitantes, incluso superiores a hoteles o apartamentos tradicionales.
La nueva ley de alquiler vacacional es un paso valiente y absolutamente necesario. Su objetivo es regular el mercado: quienes cumplan con los requisitos podrán operar bajo parámetros claros y quienes no, deberán salir del mercado. Esto permitirá recuperar muchas de esas viviendas para el alquiler residencial y garantizar estándares de calidad tanto para los turistas como para los residentes.
Al final, no se trata de estar en contra del alquiler vacacional, sino de poner orden en el sector. Es crucial garantizar que las viviendas destinadas al uso residencial permanezcan como tales y que las que operen en el mercado turístico cumplan con los mismos estándares de calidad que exigimos a hoteles y apartamentos. Esta regulación permitirá equilibrar la balanza, favoreciendo tanto el acceso a la vivienda como la sostenibilidad del modelo turístico en Canarias.
[Pregunta] Una de las medidas más valientes, incluso se puede decir atrevida, fue ir a Europa para solicitar herramientas con las que poder limitar la compra de viviendas a extranjeros que al final también desplaza al local del mercado inmobiliario. ¿Cómo camina esa posibilidad?
[Respuesta] Actualmente, un tercio de las compraventas de viviendas en Canarias corresponden a extranjeros no residentes. Esto supone una cifra muy significativa, ya que hablamos de una demanda añadida, externa, que no reside aquí, pero que participa de forma extraordinaria en el incremento de la demanda. Además, lo hace con un poder adquisitivo mucho mayor que el de los residentes locales, lo que evidentemente impacta en el mercado de la vivienda.
Lo que buscamos es limitar, no la compra por extranjeros en general, sino la de aquellos no residentes. Sabemos que es complicado, pero no imposible. Este tipo de restricciones ya existen en territorios como Malta y otros archipiélagos del norte de Europa, donde fueron pactadas en los tratados de adhesión a la Unión Europea. En el caso de Canarias y España, no se negoció algo similar, lo que dificulta su aplicación, pero vamos a explorar todas las vías posibles.
Para ello, hemos actualizado un informe inicial elaborado por Adán Martín cuando fue presidente del Gobierno de Canarias entre 2003 y 2007, y hemos solicitado un nuevo informe jurídico que justifique esta medida. Este trabajo se enmarca en los foros donde se negocian las políticas de las regiones ultraperiféricas, reconocidas en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
El próximo año será clave. En marzo o abril se celebrará una cumbre de las Regiones Ultraperiféricas (RUP), donde presentaremos una propuesta concreta. Este tema afecta especialmente a territorios como Azores y Madeira, que comparten una situación similar a la de Canarias. Por tanto, hay un denominador común que refuerza nuestra lucha como región ultraperiférica, y confiamos en avanzar con fuerza en esta dirección.
[Pregunta] ¿Cómo valora que el Gobierno de España esté aplicando medidas que el Gobierno de Canarias ya ha implementado, especialmente cuando incluso se reconoce que las ayudas en las islas son más beneficiosas que las nacionales? ¿Cómo afronta el desafío de liderar en políticas habitacionales?
[Respuesta] Es un reconocimiento importante ver que Canarias está marcando la pauta en políticas habitacionales. Incluso desde el Ministerio, pese a las diferencias políticas, han destacado nuestras iniciativas. La propia ministra Isabel Rodríguez nos ha pedido documentación sobre medidas que ya hemos implementado, como nuestro decreto ley, lo cual refuerza nuestro compromiso de innovar y colaborar para buscar soluciones.
En materia de vivienda, esta es mi primera experiencia como consejero, y desde el primer día asumí el desafío con todo el empeño personal y el respaldo de un equipo dedicado. Somos plenamente conscientes de que la vivienda no es solo un problema estructural, sino también el núcleo de los proyectos de vida. Sin una vivienda digna, no hay estabilidad para soñar con un futuro, construir familia o avanzar profesionalmente. Esto es especialmente crucial para garantizar que las próximas generaciones puedan desarrollarse en Canarias.
Aunque sabemos que este problema no se resolverá por completo en una legislatura, estamos sentando bases sólidas para el futuro. No se trata solo de construir bloques, sino de crear hogares y oportunidades para miles de canarios y canarias. Nuestra prioridad ha sido ser creativos, diversificar soluciones y enfocarnos en una estrategia integral que responda a las distintas caras de esta emergencia habitacional.
Al final del mandato, puede que no esté todo resuelto, pero estoy convencido de que habremos avanzado significativamente, incrementando la capacidad para abordar esta problemática y consolidando un camino claro para las generaciones futuras. Esto es fundamental, porque detrás de cada vivienda hay un sueño, y nuestra responsabilidad es ayudar a hacerlo realidad.