El Gobierno de Canarias se planta en lo referente a la gestión de los menores migrantes que llegan a sus costas, afirmando que estos jóvenes están bajo custodia policial y que su protección es una competencia del Estado.
El presidente canario, Fernando Clavijo (CC), ha comunicado a las ONG que gestionan centros de acogida que no deben aceptar más menores sin la autorización expresa de la comunidad autónoma, con el fin de “garantizar la trazabilidad, la seguridad y la integridad del menor”.
"Auxilio" al Estado
El mandatario ha subrayado que, aunque Canarias seguirá colaborando en la acogida (en la medida en que disponga de recursos), lo hará solo como un acto de "auxilio" al Estado, que debe asumir su responsabilidad en esta crisis humanitaria.
Esta decisión se produce tras un fin de semana que Clavijo calificó como un "punto de inflexión", cuando la Policía denunció a la Fiscalía las dificultades de una ONG para acoger a un grupo de menores debido a la falta de espacio. Clavijo ha trasladado a los medios que "se han cansado" de oír hablar durante meses de este asunto como un problema exclusivamente de Canarias cuandoes una competencia del Estado, algo que a partir de ahora harán valer con su posición.
El dirigente nacionalista quiso pomer el foco en la necesidad de que el Gobierno de España “cumpla con los protocolos establecidos en 2014".
Reunión de los grupos
El presidente canario ha reunido a los portavoces de todos los partidos representados en el Parlamento autonómico -incluyendo a Vox pese a no formar parte del Pacto por la Migración- para informarles de la decisión del Consejo de Gobierno de renovar la declaración de emergencia migratoria y exigir que el Estado cumpla con los protocolos establecidos antes de transferir nuevos menores a Canarias.
También se conmina a los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias a iniciar acciones legales en defensa de los derechos de los menores y de las competencias de la comunidad autónoma. Clavijo ha expresado su frustración por la percepción de que la crisis migratoria es un problema exclusivamente canario, argumentando que la ley atribuye al Estado la competencia en la acogida de menores extranjeros.
El respaldo a esta decisión ha sido generalizado entre los partidos políticos canarios, incluidos el PSOE y Nueva Canarias, aunque con matices. Sebastián Franquis, portavoz del PSOE, ha señalado que su apoyo no implica respaldar una batalla judicial con el Estado, mientras que Luis Campos, de NC, ha criticado que la decisión se haya tomado sin consultar previamente con los firmantes del Pacto Migratorio.
Por su parte, el PP ha manifestado su disposición a apoyar medidas legislativas siempre que el Estado garantice la financiación de la acogida y se declare la emergencia migratoria para toda España. Luz Reverón, diputada del PP, ha insistido en que todos los territorios deben implicarse en la solución de este problema, sin excepciones.