El portavoz parlamentario de Nueva Canarias, Luis Campos, avanzó este lunes que instará al resto de los grupos de la cámara regional a aclarar su voluntad para que, por ley, se obligue a la acogida de los menores migrantes no acompañados entre todos los territorios del Estado.
Campos, en un comunicado, opinó que la inacción no es la respuesta a un problema que afronta en solitario el Archipiélago. Además, mantuvo que la vía de una proposición de ley del Parlamento a las Cortes Generales, secundada por unanimidad o mayoría, es el camino más eficaz.
Disposición del resto de partidos
El portavoz de NC apremió al resto de los partidos con representación en el Parlamento a que “aclaren si están dispuestos, como propusimos desde Nueva Canarias”, a finales del pasado mes de febrero, a aprobar una proposición de ley con el fin de proceder a la modificación de la legislación vigente para la acogida y gestión compartida de estos menores por el conjunto de los territorios del Estado.
“No podemos dilatarnos más en el tiempo, si de verdad apoyamos” que la vía de la iniciativa legislativa al Congreso de los Diputados, amparada por el artículo 43 del Estatuto, sea decidida por la Cámara canaria en el próximo periodo de sesiones, a partir de septiembre, agregó.
El REF como ejemplo
Si la defensa del Régimen Económico y Fiscal (REF), primera proposición de ley del Legislativo para las Cortes ahora en tramitación, “no admite dudas sobre la necesidad de usar esta potestad de nuestro autogobierno”, en opinión de Luis Campos, razones “humanitarias y éticas justifican que, seamos nosotros desde Canarias, quienes promovamos” un cambio de la norma estatal vigente para la acogida, solidaridad y gestión compartida.
A su juicio, es un problema que “afrontamos solos, que no va a parar y que, para nosotros, es un asunto de Estado y no de unos territorios fronterizos” de España y de la Unión Europea (UE).
Unidad, autonomía y solidaridad
El portavoz de NC mantuvo su idea de articular la propuesta legislativa en base a los principios de unidad, autonomía y solidaridad recogidos en los artículos 2 y 138 de la Constitución así como los relativos a la distribución competencial, que fijan que la materia de extranjería es competencia exclusiva del Estado.
Planteó que la ley de extranjería y la ley orgánica de protección del menor no son excluyentes. Esta consideración, continuó, obliga a tener en cuenta los principios del interés superior del menor ligado al de su integración, al que obliga el artículo de integración de los inmigrantes de la norma de extranjería.
Con estos fundamentos, Luis Campos reiteró que la mejor opción pasa por la modificación del artículo 35.12 de la ley de extranjería, en el que se habla de cooperar en la distribución entre las comunidades que tienen menores tutelados. Pero cooperar, tal y como observó, “no obliga” mientras que la “colaboración interadministrativa, sí”, finalizó.