La comisión investigadora del Parlamento de Canarias reanudará sus trabajos el próximo 9 de septiembre, centrada en la compra fallida de material sanitario durante la pandemia de coronavirus. La incertidumbre gira en torno a la comparecencia de Rayco González, administrador único de la empresa RR7, que aún no ha sido notificado.
Rayco González, representante de la empresa RR7 United SL, fue adjudicatario de un contrato de 4 millones de euros del Servicio Canario de la Salud (SCS) en mayo de 2020 para adquirir un millón de mascarillas, de las cuales solo llegaron 900.000 y resultaron ser falsas —y fueron destruidas—.
Aplazamiento
Isabel Clara Pérez Cabrera, administradora única de Titerro International SL, citada para el mismo día, ha solicitado una nueva fecha tras haber sido notificada. Su empresa formalizó un contrato de casi 2 millones de euros para 200.000 batas quirúrgicas.
Otro citado es el empresario José Ángel Escorial, quien no ha sido localizado y fue detenido en febrero por la Guardia Civil en relación con contratos sospechosos en Baleares.
Comparecencias anteriores
Hasta ahora, solo han respondido a las preguntas los miembros del comité de expertos creado por el Gobierno de Canarias durante la pandemia, como Lluís Serra y Beatriz González López-Valcárcel, y el fundador de One Airways, Óscar Trujillo. Carlos Sánchez Muñoz, CEO de ACJ, también testificó, negando cualquier investigación en curso sobre su empresa.
El empresario Kevin Sánchez no compareció pese a ser notificado, y su incomparecencia ha sido derivada a la Fiscalía. Otros como Ihsan Mahmhoud Mohamed y Koldo García tampoco han sido localizados. El siguiente compareciente, fechado para el 27 de septiembre, es Ignacio Díaz Tapia, de quien tampoco se disponen datos de contacto.
Declaraciones oficiales
La comisión concluyó su periodo de sesiones actual con la comparecencia de Belén Arencibia, apoderada de Baremar y pareja de Rayco González durante el periodo investigado, quien se acogió a su derecho a no declarar.
La investigación sigue su curso con la esperanza de arrojar luz sobre estos contratos millonarios durante una crisis sanitaria sin precedentes.