Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha propuesto este miércoles un programa de alquiler seguro con el objetivo de que el Gobierno regional actúe como arrendador de las casas vacías en Canarias, y que los inquilinos abonen un precio al menos un 30% inferior al del mercado.
La presidenta del grupo parlamentario de NC-BC, Carmen Hernández, y el portavoz parlamentario, Luis Campos, han presentado en rueda de prensa el contenido de esta propuesta, que han registrado como una proposición no de ley para crear el Programa Canario de Alquiler Seguro para fomentar el arrendamiento de vivienda vacía en Canarias.
Luis Campos ha indicado que se trata de impulsar y exigir medidas para recuperar las más de 211.000 viviendas que se calcula que se encuentran vacías en las islas, y ha recordado que el acceso a una casa es actualmente "el mayor problema existente en Canarias". Al respecto, Carmen Hernández ha señalado que, según el registro público de demandantes de vivienda en el archipiélago, hay más de 25.000 personas que llevan años esperando por una casa y, aunque el Gobierno regional ha declarado la emergencia habitacional, las medidas que plantea "son ineficientes a corto y medio plazo".
"Concreto, realista y viable"
Por ello NC-BC ha planteado un plan "concreto, realista y viable" formado por doce líneas de trabajo que conllevarían un compromiso económico por parte del Ejecutivo, sobre lo que ha considerado que un buen punto de partida sería recuperar los 24 millones de euros que el Gobierno redujo de la partida destinada a la vivienda protegida en los presupuestos autonómicos.
El plan de NC-BC se basa en un programa similar desarrollado en el País Vasco y su eje central es que el Gobierno de Canarias se convierta en arrendador, a través de Visocan, para lo que debería contactar con los propietarios de las viviendas vacías. NC-BC propone que el Gobierno ofrezca garantías jurídicas y económicas a los dueños de estas viviendas porque, si no están en alquiler, ha continuado Carmen Hernández, es porque no se fían de que puedan recuperar el inmueble en buen estado, en el momento en que deseen y que vayan a cobrar a fin de mes.
Esas garantías "se las tiene que dar el Gobierno, que va a ser con el que el propietario va a alquilar directamente", al tiempo que el Ejecutivo debe ofrecer un precio justo, razonable y atractivo para que los dueños de los inmuebles estén dispuestos a acogerse al programa.