La Conferencia Sectorial de Infancia ha comenzado este miércoles a las 17:00 como momento clave para Canarias por la importancia del asunto que se tratará en ella: la reforma de la ley de extranjería impulsada por los gobiernos canario y español para establecer un mecanismo vinculante para la acogida corresponsable de menores migrantes no acompañados entre las comunidades. El Gobierno de España presentó ayer un borrador de la propuesta que los gobiernos autonómicos discutirán esta tarde en la Conferencia.
A la reunión han asistido presencialmente (el resto se ha conectado online) siete los consejeros con competencias en tutela de menores de las Comunidades Autónomas -entre ellos, Candelaria Delgado, por parte del Gobierno de Canarias-, la ministra de de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el ministro de Política Territorial y presidente de la Comisión Interministerial de Migraciones, Ángel Víctor Torres.
Este último ha defendido a su llegada a la conferencia que la solidaridad entre comunidades para la acogida de los menores migrantes no ha dado los resultados esperados, así que "solo queda cambiar la ley".
"Saben todos (los consejeros autonómicos) que la única solución, después de que la solidaridad voluntaria haya dado unos resultados que no son los deseados, es modificar la ley. No hay otra cuestión que modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería", ha señalado el presidente de la Comisión Interministerial de Migraciones.
En unas breves declaraciones, Torres ha confiado en poder explicar los motivos a los consejeros que asisten a esta reunión, para que apoyen una reforma legal que, en cualquier caso, necesitará el refrendo del Congreso, tanto si aprueba como decreto ley, como pide el Gobierno canario, como si se tramita como proposición de ley en lectura única, como prefiere el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
La ministra Sira Rego afea al PP su actitud
Sira Rego, por su parte, ha destacado que esta medida da una "solución con caracter estructural" al problema de los fenómenos migratorios y se basa en el respeto a los derechos humanos. La ministra ha asegurado que "no sabemos qué PP nos vamos a encontrar", ya que en las últimas semanas el partido ha oscilado entre proclamar la solidaridad y pedir a la Armada intervenir en el control de los flujos migratorios.
La ministra ha destacado que ninguno de los consejeros del PP ha asistido a la visita a un centro de menores programada esta mañana en la isla no ha venido ningún consejero del PP y ha invitado al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, a venir a uno de estos centros y "mirar a los ojos" a los menores migrantes que tutela Canarias antes de decidir si apoya o no la reforma legal que busca un reparto equitativo de los jóvenes entre todas las comunidades.
"Son niños que vienen y están solos, que están solas, que están en situación de desamparo y tenemos obligación como país de acogerlos de manera digna y de manera solidaria en todo el territorio", ha señalado la ministra este miércoles, en declaraciones a los medios, antes de participar en la Conferencia Sectorial que se celebra en Santa Cruz de Tenerife con las comunidades para abordar la acogida de los jóvenes.
"No podemos dejar atrás a ningún niño ni niña, es una cuestión de derechos humanos, ni podemos dejar atrás a ningún territorio. Canarias no se puede hacer cargo en soledad de un fenómeno como este", ha apuntado la ministra. Sobre la realidad vivida hasta la fecha, Rego ha apuntado que lo que hay vigente hasta ahora han sido traslados voluntarios que no se han cumplido en el 80% de los casos en 2023 y el 40% en 2022.
Castilla-La Mancha pide financiación
Por su parte, han ofrecido declaraciones a los medios antes de la reunión algunos consejeros de otras autonomías, como la consejera de Bienestar Social de Castilla La Mancha, Bárbara García, que ha expresado su apoyo a la reforma, pero ha señalado que tiene que estar acompañado de financiación.
García ha señalado que el martes le pasaron un documento sobre la reforma y su comunidad está en "plena colaboración" ante la situación que se está viviendo en Canarias. No obstante, ha insistido en que se trata de un problema que debe asumir el Gobierno de España e, incluso, Europa con la colaboración de las comunidades autónomas y ha insistido en que si hay que modificar la ley para dar cobertura y garantizar los derechos de los niños y niñas que están en Canarias para que sean atendidos con todas las garantías que se merecen, "pues habrá que modificarla".
Ha aclarado que los sistemas de protección de las comunidades autónomas no deben verse debilitados y ha insistido que todos los menores que se acojan deben serlo en unas condiciones "más que óptimas" para que esos niños y niñas tengan su proyecto de vida.
Cataluña habla de "parche"
También ha realizado declaraciones el consejero Derechos Sociales de la Generalitat de Cataluña, Carles Campuzano, que ha afirmado que entiende al Gobierno de Canarias, pero que el reparto de menores migrantes tiene que hacerse "bien, de manera ordenada".
Campuzano ha afirmado que Cataluña acude a esta reunión con un "ánimo constructivo", recordando que desde el 2017 ha recibido a 14.000 jóvenes migrantes, por lo que tiene "vocación de acogida", si bien ha recriminado al Ejecutivo estatal que no lo esté haciendo "bien", al tiempo que ha reclamado "orden y financiación".
También ha dicho que, tal y como se presenta la modificación de la Ley de Extranjería en cuanto al reparto obligatorio de menores migrantes en el territorio nacional, "el Govern de Catalunya no puede avalarla".
Aun así, ha solicitado que el Gobierno de España "se abra a introducir otros criterios", recordando que no solo Canarias, Ceuta y Melilla son territorios "sobreocupados", sino que también en Cataluña hay hasta 4.000 personas que han llegado a la mayoría de edad y no les han "echado a la calle", y que su sistema de protección a los jóvenes tiene en estos momentos a unos 2.300 menores acogidos.
"Venimos a ayudar a Canarias, faltaría más, pero exigiendo al Gobierno español que las cosas deben hacerse de manera seria", ha exigido el consejero de Derechos Sociales catalán.
Y ha insistido: "Yo creo que no estamos ante un problema nuevo, es todo un problema que se arrastra desde hace muchos años y se pretendía resolverlo con la propuesta que formula el gobierno de reforma del artículo 35, pero esto es un parche que traslada problemas y responsabilidades a las comunidades autónomas, que no tenemos ni los medios ni las capacidades para hacerlo".