El año 2018 fue clave para Canarias. El Gobierno del Archipiélago, encabezado por Fernando Clavijo, ejecutó la reforma del Estatuto de Autonomía para incluir novedades. Una de las más sonadas, lo recordará usted, fue el reconocimiento de La Graciosa como la octava isla. El debate llevaba tiempo en la opinión pública y en aquel momento, por fin, quedó por escrito. Todavía hay quien discrepa sobre si fue adecuado o no. Sin ir más lejos, el Estado ha puesto en duda su constitucionalidad.
La diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, realizó el 29 de diciembre de 2023 una pregunta al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres –expresidente del Ejecutivo canario–, para saber si su cartera prevé avanzar en la modificación legislativa que ampare los derechos de los gracioseros. En la respuesta, publicada el pasado 22 de febrero, se siembran muchas dudas.
"Tratamiento diferenciado"
La nacionalista se refiere a que en 2014 el Parlamento autonómico instó al Gobierno central a que modificara la legislación para que La Graciosa se convirtiera en entidad local menor con personalidad jurídica. Sin embargo, tras la reforma del Estatuto, sigue sin haber novedades al respecto. El ministerio dirigido por Torres expone que el cambio legislativo del año 2018 en Canarias “le dio un tratamiento aparte o diferenciado al del resto de las islas, al no reconocerle una administración propia”.
Considera que el “reconocimiento estatutario como isla habitada” y, a la vez, teniendo en cuenta que no forma parte de la organización territorial de la comunidad autónoma –además de que no dispone de una administración propia como ya se había dicho– “matiza o atenúa de algún modo la concepción de isla de La Graciosa desde la perspectiva constitucional”.
Municipio de Teguise
Es cierto que La Graciosa no tiene una institución particular que la dirija. A nivel insular depende del Cabildo de Lanzarote y desde el punto de vista municipal pertenece al Ayuntamiento de Teguise –localidad ubicada en la isla de los volcanes–. Por eso, Política Territorial y Memoria Democrática recurre al artículo 141.4 de la Constitución para dar solidez a su discurso: “En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos –como es el caso de Baleares–”.
“A lo anterior cabe añadir la singularidad de que La Graciosa conforma –junto a otros islotes– el Parque Natural Marítimo-Terrestre del Archipiélago Chinijo e integra, junto a otros territorios, el municipio de Teguise”, incide el documento que ha podido consultar Atlántico Hoy.
Número de habitantes
Llegados a este punto se podría pensar que entonces el primer paso debería ser que hubiera municipios en su territorio. Pues parece que no sería posible porque cuenta con 718 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el mínimo legal para tenga su propio consistorio es de 4.000 personas empadronadas.
La cartera de Torres agrega a su argumentario que la Constitución no reconoce a las entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio dentro del marco de la organización territorial del Estado como, insite, “entidad local de necesaria existencia”. Es decir, no puede haber instituciones inferiores a los ayuntamiento. Solo sería posible hacerlo como forma de organización desconcentrada y sin personalidad jurídica propia.
Consenso entre administraciones
Como conclusión, el texto determina que “cualquier decisión que eventualmente se pudiere adoptar en orden al reconocimiento de la isla de La Graciosa como entidad local singular de ámbito territorial inferior al municipal con personalidad jurídica propia” tendría que pasar por el consenso de todas las administraciones públicas afectadas.
En este caso se estaría hablando de “la Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma de Canarias, el Cabildo insular de Lanzarote y el Ayuntamiento de Teguise”. A su vez, se debe garantizar la participación del Consejo de la ciudadanía de La Graciosa. Si algo está claro tras este documento es que todo apunta a que el debate aún no está cerrado.