La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, ha asegurado este miércoles en el pleno del Parlamento de Canarias que, con la ratificación del convenio 189 de la OIT por parte del Gobierno español, se corregirá una injusticia con las personas que realizan trabajos en los hogares.
En comparecencia parlamentaria, a petición de Sí Podemos Canarias, para hablar de la repercusión que esa ratificación tendrán en el archipiélago canario, la consejera ha explicado que están dadas de alta 9.958 personas, de las que el 93% son mujeres.
Más de una década de retraso
Elena Máñez se ha mostrado especialmente orgullosa de que el gobierno español ratifique este convenio, "algo que lleva once años de retraso", por lo que ha insistido en que se trata de algo histórico, que afecta sobre todo a migrantes, que son las personas más vulnerables.
La consejera ha recordado que se trata de un trabajo que incluye tareas esenciales como son las de cuidados de personas, y ha reconocido que cuesta mucho sacar a esas trabajadoras de la economía sumergida, a veces por desconocimiento tanto de empleadores como de empleadas.
Sindicalismo de base
Por ello, se ha comprometido a trabajar para dar información y la consejera se ha mostrado de acuerdo con el portavoz de Sí Podemos Canarias en reivindicar la importancia del sindicalismo de clase.
El portavoz de Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, ha manifestado que se trata de un sector altamente feminizado, y en gran parte integrado por personas migrantes, y ha recordado que el convenio entró en vigor en 2013, pero el Gobierno español no ha iniciado hasta fechas recientes el proceso de ratificación, para lo que hay un año de plazo.
Dignificar el empleo doméstico
El objetivo de la ratificación es dignificar el empleo doméstico para que, entre otros derechos, tengan el de protección ante el desempleo, ha declarado Manuel Marrero, quien ha hecho hincapié en que la ratificación se llevará a cabo después de que el Tribunal de Justicia de la UE dijese que España discrimina a las trabajadoras del hogar.
De ese modo, el tribunal comunitario ha dicho que España contraviene el derecho europeo al situar a este colectivo en desventaja respecto del resto de trabajadores.
Recuerdo familiar
Manuel Marrero, que en su segunda intervención tuvo un recuerdo para su tía Genoveva, que trabajó en la capital tinerfeña para tres generaciones sin ver reconocidos sus derechos, ha indicado que en marzo se decía que en España estaban de alta en este sector más de 338.000 personas, pero se calcula que podría haber casi 600.000.