La decisión que ha tomado Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico de derribar el hotel Oliva Beach de Corralejo (Fuerteventura) ha generado indignación en el Gobierno de Canarias. El presidente Fernando Clavijo ha deslizado la posibilidad de ir al Tribunal Constitucional (TC) y la consejera de Turismo, Jéssica De León, se ha unido para decir que el Estado no les ha dejado más remedio.
"Tendrá que ser el Constitucional el que diga quién es el competente para resolver la concesiones en el dominio público marítimo terrestre de Canarias”, ha expresado.
Para la consejera, según el Estatuto de Autonomía de Canarias, es el ejecutivo autonómico el encargado de resolver “este y todos los expedientes que están en Canarias en materia de Costas” y no comprende “que el Estado siga disputando la competencia”.
Inversiones públicas y privadas
“Esto significa paralizar todas las inversiones públicas y privadas que están en este momento en el dominio público marítimo terrestre de Canarias, con la inseguridad jurídica que esto crea para los inversores”, ha añadido.
“Ya no hablo sólo de la RIU, sino de todos los paseos marítimos que se tendrían que renovar en Canarias para darle calidad al turista y al residente y que no se van a poder renovar tan fácilmente”, ha continuado De León.
Ha asegurado que estudiará “cuántas vías más están abiertas para el hotel” y ha insistido en que la medida es desproporcionada al “emplear todas las fuerzas del Estado sobre un único hotel”.