Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos cuando este ejercía como ministro de Transportes, asegura en una entrevista que habló directamente con Ángel Víctor Torres —cuando el socialista era presidente de Canarias— y varios de sus asesores como intermediario de la firma Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa SL —compañía que aparece en el centro del caso Koldo, una presunta trama corrupta por supuestas mordidas en contratos públicos durante la pandemia— para la venta de material sanitario. En el caso de las Islas, esa sociedad recibió 12,2 millones de euros repartidos en varias adjudicaciones del Servicio Canario de la Salud (SCS).
En una entrevista publicada la noche de este lunes en El Mundo, Koldo García asegura que en 2020 recibió la orden de Ábalos de "ayudar en todos lo que se pueda" días después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) evaluase el COVID19 como pandemia. Fue en ese momento cuando la mano derecha del ministro, que ahora figura como investigado por participar en una presunta red de corrupción compuesta por varios empresarios para sacar beneficios ilícitos a partir de la venta de mascarillas a las administraciones públicas, contactó con "cuatro ministerios y cinco comunidades autónomas [entre las que figuraba Canarias]".
No de otras autonomías
No entra en detalles Koldo García de sus supuestas conversaciones con Ángel Víctor Torres o los asesores del expresidente de Canarias. "¿Qué dicen que lo que hice fue ilegal?", se pregunta el exasesor de Ábalos antes de responderse que "yo actué con la única intención de ayudar". Además del Gobierno de las Islas, admite que ofreció los servicios de Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa SL a Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja o Baleares porque la compañía, tras negociar con otras, demostró que "funcionaba bien y no había engaños ni estafas".
En el caso de Baleares, que al igual que Canarias sí concedió adjudicaciones a dedo a Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa SL cuando Francina Armengol —actual presidenta del Congreso de los Diputados— presidía la autonomía insular, Koldo García afirma que fue el propio PSOE quien le puso en contacto con personas del equipo de la propia Armengol y que fueron esos asesores los que luego negociaron con la firma investigada.
Koldo García, que se declara orgulloso español y socialista pese a ser expulsado del partido, lamenta que la trama haya salpicado a Ábalos. "Involucrarlo es de hijos de puta", apunta antes de pedirle perdón por todo el daño ocasionado estas semanas. "Ábalos es el puto amo", puntualiza antes de advertir que "si queréis tumbarlo [en referencia a Pedro Sánchez], es imposible... por ahora".
Generosidad del SCS
El 4 de noviembre de 2020, el SCS —con Conrado Domínguez al frente— perdonó a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL el incumplimiento de un contrato de 6,7 millones de euros por la compra-venta de mascarillas FFP2 para proteger al personal sanitario contra el coronavirus. En concreto, la firma se comprometió a entregar 2,75 millones de mascarillas KN95/FFP2, pero en la mercancía suministrada había un lote que escondía gato por libre: 837.800 cubrebocas eran defectuosos y su composición no les daba para alcanzar el rango de FFP2.
El SCS, en lugar de retrotraer y anular el contrato firmado con la sociedad investigada en el caso Koldo, optó por pagar 707.518,50 euros por esas 837.800 mascarillas quirúrgicas y aceptar el envío de otros 550.000 cubrebocas FFP2 NR modelo SBL902 de la marca china Anhui Suboloun Garment para completar el pedido. Esa decisión, meses después, fue cuestionada por un informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias, que no llegó a más al ser rechazado su diagnóstico por el plenario de la propia institución tras presiones del Ejecutivo autonómico —compuesto entonces por PSOE, Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera—.
El 10 de noviembre, cuando no había transcurrido ni una semana de la amnistía administrativa a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, Conrado Domínguez decidió resolver el contrato entre el SCS y la empresa tinerfeña Ossaforma SL. ¿Su pecado? El mismo que el cometido por la firma avalada por el exasesor de Ábalos: entregar material por debajo de los estándares de calidad contratados —debía suministrar 30.000 mascarillas FPP3 (a un precio de 9,15 euros la unidad) y los estudios de seguridad determinaron que los cubrebocas no se consideraban aptos como FPP3 sino como FPP2 europeos—.