La Justicia le ha pillado la matrícula a varios líderes de Coalición Canaria (CC) por su proceder cuando ocupaban cargos de responsabilidad en administraciones públicas. A lo largo de los últimos meses, varios juzgados de las Islas y la Fiscalía han señalado a Fernando Clavijo, Carlos Alonso, Ricardo Melchior, Mario Cabrera y Pedro San Ginés –todos altos dirigentes del partido nacionalista– en diferentes causas con peticiones que van desde la apertura de juicios hasta la inhabilitación pasando por penas de cárcel.
El último revés procesal se concretó este lunes: la calificación provisional del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife atribuye a Pedro San Ginés –expresidente del Cabildo de Lanzarote– los supuestos delitos de prevaricación, malversación, fraude a la Administración, falsedad documental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. El paquete completo por corrupción.
Falso testimonio
No es este el único frente judicial que tiene abierto San Ginés. La Fiscalía Provincial de Las Palmas solicitó, hace menos de un mes, una pena de un año y medio de cárcel para él por un delito de falso testimonio en la causa de los Centros Turísticos, de la que fue denunciante y que terminó archivada. Además, el Ministerio Público reclama que se le imponga una multa de 4.050 euros, con “responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago”, que implicaría aumentar la pena de cárcel.
La investigación arrancó por una querella presentada por la hija de Antonio González, que pasó una década imputado por la denuncia de San Ginés. Tras el archivo de esa causa, la familia del empresario ya fallecido, emprendió acciones contran el expresidente del Cabildo conejero. A principios de año, el mismo Juzgado Número 2 de Arrecife concluyó que había “indicios racionales de criminalidad” en la actuación del dirigente de CC, a lo que se sumó el escrito de acusación de la Fiscalía, que calificó los hechos como un posible delito de falso testimonio, que es el que comete el testigo que “falta a la verdad en una causa judicial".
Fraccionar el contrato
Los problemas judiciales de Coalición Canaria se extienden en la provincia de Las Palmas a través de Mario Cabrera. Hace unos días, la Fiscalía ha solicitado una pena de 10 años de inhabilitación para el expresidente del Cabildo majorero por un supuesto delito de prevaricación en el marco del caso del CAAF. La acusación señala que contrató de forma presuntamente irregular unos dos millones de euros en servicios de transporte entre los años 2008 y 2015.
El Ministerio Público apunta que Mario Cabrera –junto a Manuel Miranda, por entonces vicepresidente de la corporación insular y también imputado en esta causa–, en lugar de sacar a libre concurrencia la contratación de un servicio externo que necesitaba el Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura de forma permanente, fraccionó el contrato.
En Tenerife, la Fiscalía mantiene su petición de imputación para dos expresidentes del Cabildo por el caso Geneto: Ricardo Melchior y Carlos Alonso. En sus casos, el Ministerio Público destaca el papel que desempeñaron en la operación de compraventa de la ciudad deportiva del CD Tenerife y se les investiga por dos delitos de prevaricación, por promover la compra de esos terrenos “a sabiendas” de que esas parcelas no iban a tener utilidad y, además, comprometiendo el equilibrio financiero de la empresa pública.
Al Supremo
Fernando Clavijo, tras el archivo de los casos Corredor y Grúas, se enfrenta ahora a otro proceso judicial: el caso Reparos, enviado al Tribunal Supremo por una jueza de La Laguna y en el que tanto la magistrada como Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife ven inidicios de un delito continuado de prevaricación administrativa por parte del expresidente del Gobierno de Canarias cuando era alcalde de La Laguna.
El 14 de septiembre, como adelantó este periódico, la Fiscalía del Tribunal Supremo también se pronunció a favor de investigar a Clavijo, al hacer suyos los argumentos de la jueza y la fiscal Anticorrupción y al considerar que entre 2011 y 2014 se contravino de "forma grave" la Ley de Contratos del Sector Público y las bases y pliegos de los respectivos concursos, "pese a los contundentes reparos formulados por la Intervención General".