El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha dado un generoso portazo a las intenciones de las patronales hoteleras y turísticas de Canarias de querer formar parte de la nueva comisión técnica de Costas, después de que el Ejecutivo regional haya recibido la administración de las costas de Canarias esta semana.
Así, Julio Pérez ha afirmado que “legalmente, eso no es posible”, en referencia a la petición conjunta de las patronales. ”Suponga usted que es un concesionario de un servicio de hamacas en una playa o que le han puesto una multa porque ha invadido el litoral, o que tiene un chiringuito en Las Teresitas y Costas entiende que se ha excedido. Ese expediente tiene que resolverlo las administraciones”, ejemplifica en el añadido en declaraciones a la Cope Canarias.
Buena comunicación, pero no toda la información
No obstante, Pérez reconoce que sí quiere “mantener una comunicación, sobre todo con los usuarios, que hay agrupaciones de usuarios y ayuntamientos”, pero insiste que en “tener conocimiento, opinar y proponer decisiones sobre expedientes que se están tramitando, no es posible”.
Así, vuelve a exponer otro ejemplo práctico para que se entienda la negación de la posibilidad de las patronales turísticas: “Es como si los vecinos de la comunidad de propietarios donde usted vive dicen que las multas de tráfico suyas van a examinarse por la comunidad. No es legalmente posible, porque es un encuentro entre administraciones que se están pasando expedientes”.
Transparencia hasta cierto nivel
Aunque Pérez reconoce que este interés de las patronales solo lo ha leído en la prensa y que no ha hablado con ninguno de los representantes de las cuatro que componen la solicitud de adhesión (Ashotel, FEHT, Asofuer y FTL), explica, sin total seguridad, que la “participación de particulares, la ley, no lo permite en general”.
En este contexto, comenta que “otra cosa es que exista la mayor transparencia. Que se conozca, que se sepan los avances de los expedientes… Eso no lo podemos negar, pero integrarse en la comisión de funcionarios es un tema interior de la Administración, que la ley no permite que se transparente en su totalidad. Si quieren un dato lo piden y se les facilita”.
Argumentos de las patronales
Julio Pérez responde así a la petición formal de las cuatro principales patronales hoteleras de Canarias, que no han perdido el tiempo en hacerse un hueco en la toma de decisiones de Costas: la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT); la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel); la Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura (Asofuer) y la Federación Turística de Lanzarote (FTL).
El presidente de Ashotel, Jorge Marichal, argumentaba la petición bajo el entendimiento de que tienen “una actividad económica que gira en torno al sector turístico” y son “responsables de la correcta utilización y optimización de los recursos naturales” que tiene Canarias, “basado siempre desde el punto de vista de la conservación de los mismos”.
También expuso que “es una oportunidad de tener una conciencia más cercana al territorio” y a la manera que tienen de “vivir por parte de los responsables que llevan estas competencias”.
Aportar
Por ello, solicitan ser parte de esta mejora en la que aportarían su “grano de arena” y dando su visión turística y de la importancia que tiene para ellos este recurso. “Diferenciar entre el tipo de costa que tenemos, playas y zonas protegidas, y que hayan las medidas necesarias por parte del Gobierno para que se pueda gestionar estas competencias de manera adecuada y que no suframos lo que venimos sufriendo en los que los expedientes se eternizan”, esgrimió Marichal.
Un apartado, el del retraso en los expedientes, a los que criticaba que “no puede seguir pasando”, compartiendo a la vez que necesitan “seguridad jurídica” y que se le conteste a la gente. “Que se puedan defender”.
Así, concluía que lo que pretenden las patronales del sector “no es ni hacer má, ni menos que cualquier otro español con respecto a este recurso en nuestro territorio con la misma normativa. Adecuar estas competencias a nuestra forma de ver las cosas, que no tienen por qué ser el que al final se decida, pero sí creemos que podemos ser parte importante. Por lo menos, para que nos escuchen a la hora de tomar decisiones acerca de la explotación del mismo”.