Francisco Javier García García-Sotoca, juez instructor del caso Mascarillas, dictó este lunes un auto en el que, además de decretar el secreto de las actuaciones también abre la posibilidad de investigar otros contratos del Servicio Canario de la Salud (SCS) y de la administración pública durante el estado de emergencia provocado por la pandemia del coronavirus.
El magistrado fundamenta su decisión en el "giro radical" de los acontecimientos tras la declaración la pasada semana del empresario Rayco Rubén González, administrador único de RR7. En su comparecencia, el imputado rectificó y esta vez sí admitió que había mantenido contacto directo con Conrado Domínguez –director del SCS– durante el proceso de la adjudicación de un contrato de cuatro millones de euros por el que se comprometía a entregar un millón de mascarillas de la marca 3M a la administración pública.
Cambio en la declaración
El 5 de mayo, ante Javier Ródenas –fiscal anticorrupción–, Rayco González había negado la mayor: en varias ocasiones rechazó haber entablado algún tipo de contacto directo con Conrado Domínguez y señaló siempre a Samuel Machín como el interlocutor entre ambos.
Con este auto el juez trata de evitar que se puedan destruir pruebas o neutralizar el resultado de las nuevas diligencias que se acuerden. El juez también muestra su rechazo a las filtraciones ad nauseam que se han venido produciendo hasta el momento. Asimismo, en el documento explica la posibilidad de ampliar la investigación a nuevos investigados, así como la práctica de nuevas pruebas.
Torres, testigo
El miércoles es el turno de Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, para testificar en el proceso judicial abierto. El dirigente, según le ampara la norma, lo hará por escrito: remitirá un documento con sus respuestas a varias pregunta formuladas por el juez instructor del caso.