El diputado del PP en el Congreso de los Diputados, Juan Antonio Rojas, ha presentado en la Cámara Baja una Proposición No de Ley para permitir un mayor desarrollo y competitividad de la industria portuaria. Entre las medidas de la PNL, se pretende acabar con la burocracia en el Registro Especial de Canarias así como racionalizar las inspecciones del convenio del trabajo marítimo, concentrándolas, en la medida de lo posible, en la Administración Marítima, a fin de agilizar el proceso y aumentar su efectividad.
Además, se pretende que el Gobierno de España pueda “agilizar el funcionamiento del propio Registro Especial de Canarias, acabando con la solicitud de documentación que ya obra en su poder; realizando directamente las gestiones administrativas con el Registro de Bienes Muebles de manera telemática, las comunicaciones interministeriales, etc.; estableciendo oficinas de registro en el resto de los puertos, consulados, etc.”.
Agilización
Rojas pretende su agilización, acabando con las solicitudes de documentación al realizar las gestiones administrativas en el Registro de Bienes Muebles de manera telemática y estableciendo oficinas de registro en los diferentes puertos.
La PNL que ha presentado el PP en el Congreso de los Diputados busca “simplificar y agilizar la tramitación de los reconocimientos médicos de aptitud preceptivos y previos al embarque marítimo”, algo muy demandado por los marinos, explica el partido en una nota de prensa. Para Juan Antonio Rojas es necesario reducir la burocracia asociada a la certificación de los botiquines y a la solicitud de recetas para ciertos medicamentos.
Se necesita una revisión
El diputado afirma que, tras más de treinta años, el régimen laboral y administrativo del Registro Especial de Buques y Empresas Navieras precisa de una revisión. Recuerda que, desde su creación, el Registro Especial de Canarias se ha visto afectado por la incorporación al ordenamiento jurídico de nuestro país a normativas que no han tenido debidamente en cuenta, las singularidades antes mencionadas y que emanan de diferentes ministerios, imposibilitando la operativa práctica de los buques abanderados en el Registro Especial de Canarias.
Juan Antonio Rojas señaló que, en los últimos diez años, el tonelaje de la flota controlada en pabellones extranjeros ha crecido el 66%, mientras que la española ha caído el 3%. En 2022, ningún buque de nueva construcción de los que se incorporaron a la flota controlada por armadores nacionales se inscribió en el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras de Canarias.
Todos se inscribieron en otros registros del espacio europeo, tendencia que continuó en 2023. Entre enero y agosto de ese año, diez buques con cerca de 100.000 GT han cambiado el Registro Especial de Canarias por otros europeos.Este jueves, Rojas y el diputado popular y portavoz de la comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, Héctor Palencia, se reunieron en el Congreso de los Diputados con la Subdirectora de la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE), Araiz Basurko, y la Directora General, Elena Seco.