Izquierda Unida exige declarar La Palma como zona tensionada en materia de vivienda

IUC destacó que la erupción volcánica en la isla ha exacerbado la demanda de vivienda, provocando un notable incremento en los precios del alquiler y un deterioro en las condiciones de vida

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Calle O'Daly en Santa Cruz de La Palma. / AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA
Calle O'Daly en Santa Cruz de La Palma. / AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA

Izquierda Unida Canaria (IUC) ha instado al Cabildo de La Palma a declarar la isla como zona tensionada en materia de vivienda, en un esfuerzo por combatir la especulación inmobiliaria y garantizar el acceso a una vivienda digna.

Según la organización, esta medida es "esencial" para abordar una problemática que consideran crítica en la isla.

En un comunicado, IUC subrayó que el precio de la vivienda se ha convertido en "la principal causa de pobreza y desigualdad en Canarias", especialmente en un contexto donde el crecimiento económico y las cifras récord del turismo no se traducen en una mejora para las clases trabajadoras.

Crisis agravada

IUC destacó que la erupción volcánica en la isla ha exacerbado la demanda de vivienda, provocando un notable incremento en los precios del alquiler y un deterioro en las condiciones de vida.

Según Yonatan Lorenzo, representante de IUC en La Palma, “el encarecimiento del alquiler, la especulación y la falta de vivienda pública están obligando a muchas familias a abandonar la isla o a vivir en condiciones precarias”.

La declaración como zona tensionada permitiría implementar varias medidas clave, entre ellas el control de precios del alquiler, la promoción de vivienda pública y la protección de los derechos de los inquilinos.

Adicionalmente, IUC propone que un 30% del parque de viviendas en La Palma sea destinado a uso público y que se fomente el uso de las viviendas vacías para alquiler social.

Llamado a la acción

Desde IUC critican lo que califican como "inacción política" de los gobiernos canarios en materia de vivienda durante décadas.

Según la formación, las medidas propuestas no solo buscan frenar la especulación, sino también garantizar el derecho a la vivienda, tal como lo establece la Constitución Española y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El partido insta al Cabildo a priorizar esta declaración como un primer paso hacia una solución estructural que garantice la justicia social en la isla.

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