La investigación de la Guardia Civil, a través de UCO, en el caso Koldo apunta que el Gobierno de Canarias —bajo la presidencia de Ángel Víctor Torres (PSOE)— modificó los contratos para la compra de material sanitario con la firma Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL —vinculada a José Luis Ábalos y un asesor del exministro socialista— con el único fin de "dar cobertura justificativa" a la compra de material sanitario a una compañía que figura en el epicentro de una presunta trama de corrupción.
El objetivo que tenía esa modificació era proteger a la empresa cercana a Ábalos y su asesor después de que esta, en plena pandemia provocada por el COVID19, entregara un lote de mascarillas defectuoso. Ese incumpliento de contrato no fue resuelto con la reclamación del dinero por parte del Servicio Canario de la Salud (SCS), que optó por dar una segunda oportunidad a Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL con otros nuevos encargos.
Ese movimiento, según los informes de la Guardia Civil, tiene como objeto dar cobertura justificativa a esas entregas de material que se habían realizado previamente y después de que el número de mascarillas no coincidiera con el fijado en el primer contrato. El SCS pidió un lote de 2.500.000 y al final recibió tres millones de cubrebocas por un importe de 5.000 euros menos "sin que haya documentación que justifique que se hubiera entregado esa diferencia" ni de la modificación del acuerdo inicial.
Diferente trato
La generosidad que el anterior Gobierno de Canarias mantuvo con esa firma —radicada en Aragón, sin experiencia en el sector sanitario, a la que dio una segunda oportunidad y con la que siguió trabajando, pese a la infracción perpetrada, hasta abonarle un total de 12,2 millones de euros repartidos en cuatro contratos— choca con la severidad que la misma administración autonómica recetó a Ossaforma SL, una compañía de Tenerife que cometió el mismo error que la empresa vinculada al asesor del exministro.
Seis días después de la amnistía administrativa a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, Conrado Domínguez —entonces director del SCS— decidió resolver el contrato entre el SCS y la empresa tinerfeña Ossaforma SL por el mismo problema que el cometido por la firma avalada por Ábalos: entregar material por debajo de los estándares de calidad contratados —debía suministrar 30.000 mascarillas FPP3 (a un precio de 9,15 euros la unidad) y los estudios de seguridad determinaron que los cubrebocas no se consideraban aptos como FPP3 sino como FPP2 europeos—.