13 de mayo de 2020. La población de España acumula dos meses confinada. En ese periodo de tiempo, apenas 60 días, mueren —según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)— 45.684 personas por COVID19. Ese mismo día, la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud, ente dependiente del Gobierno autonómico —entonces presidido por Ángel Víctor Torres (PSOE)—, adjudica a dedo, por la vía de emergencia y negociado sin publicidad, un contrato por valor de 1,3 millones de euros a Damco Trading Services para la compra de material sanitario. Esa es la primera de las 13 licitaciones que se llevan, en los dos siguientes años y de manera conjunta, esa firma y Tanoja Services, empresas a las que la Fiscalía relaciona con Miguel Ángel Ramírez —presidente de la UD Las Palmas—, Lucas Bravo de Laguna —exconsejero de Deportes del Cabildo y director comercial del club amarillo—, Christian Cerpa —asesor en comunicación política— y Noel Jammal Fernández —administrador único de la primera compañía— en una querella por un presunto delito de fraude a Hacienda, que deja abierta a posibles derivaciones en forma de malversación y blanqueo.
Los otros 12 contratos que el SCS asignó a ambas empresas se reparten en dos años. Desde el 13 de mayo de 2020 hasta el 22 de junio de 2022. Por el camino, la administración pública desembolsó cerca de 25 millones de euros. De esa operación de compra-venta, la Fiscalía sostiene que los investigados articularon un entramado para no tributar lo debido. El Ministerio Público, en concreto, sigue la pista en las ganacias: 9,4 millones de euros. La investigación sostiene que las dos compañías —con Noel Jammal Fernández como administrador único— captaron el dinero, que luego se transfirió a entidades mercantiles vinculadas a Ramírez y Bravo de Laguna —mientras que Cerpa Espino también se le relaciona con el destino final del dinero presuntamente malversado—.
Contratos
Durante dos años, según aparece en la Plataforma de Contratación del Estado, Damco Trading Services vendió dos millones de jeringuillas por 540.000 euros; tres millones de guantes al precio de 900.000 euros; 400.000 hisopos a un coste de 1.020.000 euros; un millón de mascarillas por 1,7 millones de euros; otros 200.000 hisopos a cambio de 546.000 euros.
La empresa, con sede en Madrid, también suministró rapid test Artron por 1,3 millones de euros a través de un contrato de emergencia; 200.000 batas más por 1,7 millones de euros. También se llevó una licitación de casi siete millones de euros (6.990.000) para suministrar 200.000 batas de aislamiento, seis millones de guantes de nitrilo, 600.000 escobillones y 700.000 mascarillas KN95. A cambio de 4.071.610 euros se le encargaron 113.000 test rapid Autobio, 748700 guantes de nitrilo y un millón de mascarillas FFP2; y por 1,7 millones distribuyó 200.000 batas impermeables de un solo uso y un millón de mascarillas higiénicas destinadas a los hospitales del SCS.
Tres fueron las licitaciones concedidas por el anterior Ejecutivo regional a Tanoja Services: una de 880.000 euros a cambio de un millón de mascarillas; otra de 1.250.000 euros por cinco millones de guantes; y una tercera por 2.100.000 euros para suministrar siete millones de guantes de nitrilo.
Entramado
De esos 13 contratos, que en total sumaron 24,7 millones de euros, tres de los 10 adjudicados a Damco Trading Services fueron denunciados en marzo de 2022. En el escrito, presentado en diferentes intendencias, se señala que el Gobierno presidido por Torres pagó por el material sanitario por encima del precio que marcaba el mercado en ese momento. Tras ese primer movimiento, una investigación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) interpretó que ninguno de los implicados justificó la la actividad que generó unas ganacias que rondaban los 10 millones de euros.
La querella sostiene que Damco Trading Services y Tanoja Services transfirieron a dos empresas, Tabaiba Capital SL y B&M Sport Marketing —en las que Ramírez y Bravo de Laguna figuran, respectivamente, como administradores únicos—, cantidades económicas para retribuir su rol de intermediarios en adjudicación de contratos. A Cerpa, en su caso, se le investiga por su supuesta relación con el destino del dinero presuntamento malversado.
De los 18,6 millones de euros que Damco Trading Services ingresó por la venta de material sanitario a Canarias entre 2020 y 2021, la Fiscalía considera que transfirió a Ramírez —vía Tabaiba Capital— 6,9 millones. A su vez, el presidente de la UD Las Pamas abonó, de esa cantidad, 1,2 millones a Bravo de Laguna —a través de B&M Sport Marketing—. En el caso de Tanoja Services, esa firma entregó a Tabaiba Capital 2,1 millones de los 4,2 que recibió del SCS, mientras que la empresa administrada por Ramírez pagó algo más de un millón a la sociedad controlada por Bravo de Laguna y 295.431 euros a Cerpa, siempre según la acusación.