El Gobierno de Canarias no remitió a la Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC) 76 de los 280 contratos mayores realizados en 2021. Uno de cada cuatro. De las once consejerías, incluyendo Presidencia, solo dos entregaron al órgano fiscalizador documentación de todos los contratos formalizados, aunque en muchos casos estaba incompleta.
"El importe total remitido fue de 139,3 millones de eurros y engloba a 204 contratos con las incidencias que se señalan a lo largo del presente informe frente a los 280 contratos totales que se encuentran en la Plataforma por un importe de 170,6 millones de euros", dice el informe aprobado por la ACC en su última sesión de 2022, el pasado 28 de diciembre. Con plataforma se refiere a la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde las administraciones españolas publican la documentación de sus contratos.
La ACC es la encargada de fiscalizar la actividad económica y financiera de la administración canaria (en sus tres niveles: autonómico, insular y municipal), incluidos "los contratos suscritos por la
Administración de la Comunidad Autónoma y demás entes del sector público", explica el informe.
Irregularidades
Para esa fiscalización es necesario que tanto las consejerías como las empresas públicas remitan a la ACC la relación anual de contratos. La documentación de 2021, el último año analizado, presentaba bastantes irregularidades. Entre ellas, una parte fue presentada fuera de plazo (antes de que finalizada febrero de 2022), estaba incompleta (no incluía información exigida como el NIF del adjudicatario, el importe o el tipo de contrato) o directamente no fue remitida.
"A la vista de las relaciones anuales de contratos remitidas se denota una falta de uniformidad y homogeneidad en la recepción de datos e incluso incompletas, al darse omisiones del NIF/CIF del adjudicatario, ausencia del tipo de contrato, ausencia de importes, ausencia del procedimiento de adjudicación, ausencia de la fecha de formalización, entre otras, lo cual impide que la información recibida sea tratable en primera instancia", explica el informe.
Sucedió al revés con las sociedades públicas
Por eso es necesario "adaptarla o completarla con otras fuentes de información disponibles, en este caso, la Plataforma de Contratación del Sector Público (en adelante PLACSP), y así poder obtener criterios homogéneos que nos permita obtener datos fiables", explica el informe.
Con las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales (entidades como GRAFCAN, GESPLAN o Puertos de Canarias) sucedió al revés: remitieron más contratos a la ACC de los que publicaron en la Plataforma de Contratación del Sector Público. A la ACC llegó información de 314 contratos mayores por un importe de 64,3 millones de euros, cuando en la plataforma figuraban 276 por valor de 57,6 millones.