El Gobierno canario se personará en el procedimiento abierto para declarar la caducidad del permiso que permite al Hotel Riu Oliva Beach ocupar parte de las dunas de Corralejo, en Fuerteventura, y abre la vía para su derribo, con el propósito de defender que el Estado ya no tiene competencias sobre los asuntos relativos a las costas de esta comunidad autónoma.
En un comunicado, la Consejería de Obras Públicas del Gobierno canario anuncia que se incorpora al procedimiento abierto contra el hotel por la Dirección General de Costas del Ministerio de Transición Ecológica para alegar que el asunto que se dilucida en ese expediente corresponde resolverlo a la comunidad autónoma, no al Estado.
Competencias cedidas
En concreto, el Gobierno de Canarias advierte de que desde el 1 de enero es titular de la gestión de las competencias en materia de costas, entre ellas, las relativas a concesiones.
En un comunicado, el director general de Costas del Gobierno Canario, Antonio Acosta, explica que "velarán por el cumplimiento de los derechos que tiene Canarias a la hora de desarrollar las competencias recogidas en su Estatuto de Autonomía" y apela "al entendimiento con el Estado en este inicio de la legislatura, en un asunto que afecta directamente al principal motor económico de las islas", en referencia al turismo.
Acosta defiende que cuentan con dictámenes a favor de su posición de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma y del catedrático Ángel Menéndez Rexach, autor de la Ley de Costas.