Una zona de aceleración de eólica, fotovoltaica en todos los edificios nuevos y una empresa pública para participar en proyectos de energía. La consejería de Transición Ecológica ha trasladado este lunes al Consejo de Gobierno de Canarias el decreto ley que modificará de la Ley Canaria de cambio climático, que aprobó el anterior Ejecutivo, y que implementará importantes cambios en la norma que lleva un año y medio en vigor.
La modificación de la norma era una de las propuestas que el PP incluía en su programa electoral y que como ha destacado el consejero de Transición Ecológica, Mariano Zapata, es "en la práctica" una ley nueva, eso sí, sin pasar por el procedimiento parlamentario y que se espera que se apruebe "antes de agosto".
Cambio de la ley
Según ha valorado Zapata tras el Consejo de Gobierno de este lunes, el nuevo texto se enfrenta al modelo anterior de “marañas burocráticas ineficientes” frente a una “gestión eficaz” que lucha contra el cambio climático que trae soluciones reales y de empleo. Zapata ha señalado que traen “el ecosistema perfecto” para la implantación de renovables “de forma ágil, ordenada y con respeto absoluto a los factores medioambientales”. Según el consejero los mecanismos que pondrán en marcha serán “la garantía de suministro eléctrico para Canarias en las próximas décadas”.
“Cambiamos esta ley por pleno convencimiento, pero también por obligación”, ha destacado al respecto de que la Comisión Bilateral Canarias-Estado acordó el año pasado la modificación de 11 artículos de la norma. La mayoría de esas modificaciones quitaban obligaciones a edificios estatales. Sin embargo, la ley canaria también pecaba de haber sido aprobada antes que la ley nacional, por lo que debía adecuarse. “Nosotros sí hemos hecho esa homologación con el ánimo de simplificar trámites, restar burocracia, adaptar estructuras y sobre todo aclarar conceptos”, ha destacado Zapata.
Empresa pública
Una de las medidas que incluirá el nuevo texto es la creación de una Empresa Pública Canaria de la Energía, "como medio propio del Gobierno para la producción y comercialización de electricidad por medio de instalaciones de energía renovable propia, para entes íntegramente públicos de Canarias", informa el Ejecutivo. Según ha informado Zapata uno de los objetivos de esta nueva empresa es que el Gobierno pueda participar en los proyectos de energía renovable, pero no será una empresa de generación en sí.
A este respecto, el consejero ha destacado que la factura eléctrica del Ejecutivo es de 63 millones de euros. Por ello ha informado que esta empresa permitiría participar en el 20% obligatorio de participación canaria que impondrán a determinados proyectos que se impulsen en las islas. "Queremos ser ambiciosos, tener una factura eléctrica lo más renovable posible y esta herramienta, además de prestar asesoramiento en las acciones de cambio climático que desarrolla esta ley creemos que es una de las fórmulas más adecuadas", ha valorado Zapata.
Zona de aceleración de renovables
“Por otra parte, hemos asumido el reto que supone dar agilidad a la implantación de renovables, ordenando su implantación del territorio y respetando al máximo los estándares medioambientales”, ha destacado Zapata. En este sentido ha informado que crearán las zonas de aceleración de renovables “para dar seguridad y agilidad a las inversiones en energías limpias”.
La consejería junto con los cabildos elegirán “los espacios idóneos” que contarán con su visto bueno, por lo que “los proyectos que allí se desarrollen podrán acogerse a una evaluación ambiental simplificada”. Zapata ha rechazado “los pleitos” que se generaban entre gobiernos y cabildos al respecto de los parques que impulsan los promotores.
Fotovoltaica obligatoria
Además, ha informado que todas las azoteas de nueva construcción y que sufran una rehabilitación que no tengan condiciones particulares de protección "deben prever el 100% de su superficie para la instalación de placas fotovoltaicas sin necesidad de que los ayuntamientos hagan modificaciones en sus ordenanzas urbanísticas”.
Huella de carbono
Respecto al registro de huella de carbono, Zapata ha informado que solo las medianas y las grandes empresas estarán obligadas a estar en este registro, a diferencia de todas las empresas, como establece el texto que todavía está en vigor. Eso sí, ha informado de que hay una excepción: todas las empresas de turismo alojativo, incluidas las viviendas vacacionales, sí deberán estar en este registro. En este sentido ha resaltado que esto permitirá conocer con exactitud las emisiones de la principal actividad económica de Canarias.
Adaptación
La modificación de la ley también trae consigo la creación de proyectos de acción climática que agilizan los trámites de las obras necesarias a realizar en las cerca de 50 zonas en riesgo por las subidas del nivel del mar en Canarias. Por otra parte, ha informado de que obligará a la elaboración de planes de adaptación de las infraestructuras críticas. “De esta forma, prepararemos a las infraestructuras estratégicas de Canarias, como son desaladoras, centrales eléctricas, hospitales, y tantas otras a los efectos del cambio climático”, ha asegurado el consejero.
Plan formativo verde
Zapata ha incidido en que todos los cambios que van a hacer demandan un Plan formativo verde para que “de la mano de las universidades canarias ofrecer oportunidades a los jóvenes pero también para recualificar a trabajadores de sectores vulnerables”.
En ese sentido ha destacado que con la intención de crear riqueza también desde el sector se ha establecido “la obligación de que todos los proyectos de generación renovable superior a los dos megavatios cuente con un mínimo de un 20% de participación canaria”. Podrá ser tanto de empresas, de administraciones públicas o particulares.
Ordenación ambiental
Zapata ha asegurado que esta ley es “más exigente” con los instrumentos de ordenación ambiental. “Introduciremos soluciones basadas en la naturaleza, con un mínimo de 10 metros cuadrados de zona verde por habitante y de un árbol por cada tres habitantes”, ha informado.
El consejero ha informado que “en las próximas semanas” se reunirán con todos los agentes implicados para explicar cómo se quedarán la simplificación de los instrumentos de ordenación, la estructura para la ejecución de la ley y las herramientas que introduce la norma. Entre las cuestiones que han retirado de la norma, ha indicado que hay planes, estrategias “duplicadas”, “megaestructuras administrativas” y “todo lo que no aportaba soluciones concretas contra el cambio climático o para la adaptación de sus efectos”, ha destacado Zapata.