El Gobierno de Canarias iniciará esta semana su ofensiva para obtener la plena competencias en Costas que asegura que pertenen a la comunidad. En el Consejo de Gobierno de este lunes se ha dado luz verde a los servicios jurídicos del Ejecutivo a presentar un recurso al Tribunal Constitucional para defender las competencias de Canarias.
Entre los intereses del Gobierno de Canarias está la protección del hotel Oliva Beach construido en las dunas de Corralejo, en Fuerteventura, que ya ha informado que usará los recursos de la comunidad contra el Estado para defender esta construcción que está dentro del dominio público marítimo terrestre según Costas.
"El conflicto positivo de competencias que se planteará en los próximos días reclama al alto tribunal que falle en contra del Estado y reconozca a la comunidad autónoma el control sobre la gestión de su litoral que le otorga el artículo 157 del Estatuto de Autonomía", señala el Ejecutivo en un comunicado.
El recurso que presentará la comunidad solicital al Tribunal Constitucional a que “dicte sentencia en la que declare que la titularidad de la competencia controvertida es de la Comunidad Autónoma de Canarias”. En concreto, se pide “la anulación del acto viciado de incompetencia, esto es, la Resolución de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de fecha 27 de febrero de 2024 que declara -entre otros extremos- la caducidad de la concesión otorgada por Orden Ministerial de 8 de julio de 2003”.
Lucha de informes
Tanto el Estado como la comunidad defienden que en base a sus informes jurídicos las competencias son suyas. Si bien desde la comunidad autónoma se amparan en el Estatuto de Autonomía, desde el Estado lo hace en la Constitución. Tal y como inciden desde el Ejecutivo los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico defienden que corresponde a Canarias, en base al artículo 157 de su Estatuto, “la competencia exclusiva de ordenación del litoral”, lo que incluye “el otorgamiento de autorizaciones y concesiones sobre el dominio público marítimo, sin diferencias según el tipo de concesiones como pretende el Estado”.
Otras comunidades que han recibido las competencias en esta manera, como Cataluña, Andalucía o Illes Balears, han dejado en manos del Estado las decisiones compensatorias y las disposiciones transitorias. Sin embargo, desde el Ejecutivo canario aseguran que, tal y como recoge el recurso, desde la renovación de la Carta magna canaria en noviembre de 2018, el Gobierno español solo tiene competencias, para “establecer el régimen jurídico del demanio”.
Convencidos
Tal y como apunta el comunicado remitido por el Ejecutivo, elconsejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, se ha mostrado este lunes convencido de que el Tribunal Constitucional dará la razón a la comunidad autónoma porque “el reconocimiento legal como responsables en exclusiva de esta materia ya está recogido en la Ley Orgánica 1/2018, por lo que no cabe discusión ni disputa ante este hecho”.
En este sentido, el consejero ha explicado que el posterior Real Decreto 713/2022 se enfoca en el traspaso de servicios y funciones en relación con las competencias transferidas a Canarias en esta materia de gestión del litoral. “Sin embargo, es con ese traspaso de servicios y funciones con el que no estamos de acuerdo, ya que lo consideramos insuficiente y por ello reclamamos su revisión”, ha indicado.