Principios de noviembre de 2020. Mientras el país intentaba no entrar en shock durante los peores días de la pandemia —sólo ese mes, según datos del Ministerio de Sanidad, en España murieron 9.600 personas por causas vinculadas al COVID19—, el Servicio Canario de la Salud (SCS) perdonaba el incumplimiento de un contrato de 6,7 millones de euros por la compra-venta de mascarillas FFP2 para proteger al personal sanitario contra el coronavirus a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, una empresa entonces bajo control de un asesor del ministro José Luis Ábalos (PSOE) y que ahora figura en el epicentro del caso Koldo, una investigación que lleva la Fiscalía Anticorrupción bajo la tutela del juzgado central número 2 de la Audiencia Nacional por presuntos delitos de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias.
La generosidad que el Gobierno de Canarias, presidido entonces por Ángel Víctor Torres (PSOE), mantuvo con esa firma —recomendada por el propio Ábalos, radicada en Aragón, sin experiencia en el sector sanitario, a la que dio una segunda oportunidad y con la que siguió trabajando, pese a la infracción perpetrada, hasta abonarle un total de 12,2 millones de euros repartidos en cuatro contratos— choca con la severidad que la misma administración autonómica recetó a Ossaforma SL, una compañía de Tenerife que cometió el mismo error que la empresa vinculada al asesor del exministro.
Avalada por Ábalos
Entre un caso y otro, además, sólo hay seis días de diferencia. Estos son los hechos. El 4 de noviembre de 2020, Conrado Domínguez —cuarto director del SCS durante la pandemia tras Blanca Méndez, Anotnio Olivera y Alberto Pazos— decidió dar una segunda oportunidad a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL pese a no cumplir con lo estipulado en el contrato entre ambas partes: la firma se comprometió a entregar 2,75 millones de mascarillas KN95/FFP2 a cambio de 6,7 millones de euros, pero en la mercancía suministrada había un lote que escondía gato por libre: 837.800 cubrebocas eran defectuosos y su composición no les daba para alcanzar el rango de FFP2.
El SCS, en lugar de retrotraer y anular el contrato firmado con la sociedad investigada en el caso Koldo, optó por pagar 707.518,50 euros por esas 837.800 mascarillas quirúrgicas y aceptar el envío de otros 550.000 cubrebocas FFP2 NR modelo SBL902 de la marca china Anhui Suboloun Garment para completar el pedido. Esa decisión, meses después, fue cuestionada por un informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias, que no llegó a más al ser rechazado su diagnóstico por el plenario de la propia institución tras presiones del Ejecutivo autonómico —compuesto entonces por PSOE, Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera—.
Mismo pecado
El 10 de noviembre, cuando no había transcurrido ni una semana de la amnistía administrativa a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, Conrado Domínguez decidió resolver el contrato entre el SCS y la empresa tinerfeña Ossaforma SL. ¿Su pecado? El mismo que el cometido por la firma avalada por Ábalos: entregar material por debajo de los estándares de calidad contratados —debía suministrar 30.000 mascarillas FPP3 (a un precio de 9,15 euros la unidad) y los estudios de seguridad determinaron que los cubrebocas no se consideraban aptos como FPP3 sino como FPP2 europeos—.
La empresa investigada por el caso Koldo, además de la segunda oportunidad que no dispuso Ossaforma SL, obtuvo dos contratos a dedo más del Gobierno de Canarias: uno por un importe de 417.814,71 euros para abonar el servicio de transporte, fletes aéreos y seguros de transporte de mascarillas KN95; otro de cinco millones de euros por la entrega de dos millones de cubrebocas KN95. En total, la firma aragonesa recibió 12,2 millones de euros tras ser recomendada al Ejecutivo autonómico por Ábalos.
'Caso Mascarillas'
Por el camino, desde entonces, Conrado Domínguez dimitió de su cargo en el SCS en noviembre de 2022, tras verse imputado en delitos de prevaricación y tráfico de influencias en el caso Mascarillas, la presunta estafa a la sanidad pública de cuatro millones de euros con un encargo de cubrebocas a otra firma sin relación previa con el sector, RR7 United SL, una pequeña sociedad canaria dedicada a la importación de coches que, como curiosidad, también obtuvo una segunda oportunidad tras incumplir su contrato. La investigación de ese caso se encuentra en manos de la Fiscalía Europea, que reclamó encargarse de su instrucción al haber constancia de que el dinero presuntamente malversado provenía de fondos de la UE.