'Caso Mediador': El Juzgado rechaza la petición del general de salir de prisión

En total son tres las piezas que se han formado en el ‘caso Mediador’ que está removiendo los cimientos de la política nacional y canaria

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Foto de archivo del general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, en prisión por el 'caso Mediador'. / EFE
Foto de archivo del general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, en prisión por el 'caso Mediador'. / EFE

La juez de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha abierto dos piezas separadas con la información aportada por el intermediario que da nombre al 'caso Mediador', así como con las pruebas recabadas en los registros, una de las cuales ha sido declarada secreta. En total son tres las piezas que se han formado en este caso que está removiendo los cimientos de la política nacional y canaria. El único acusado actualmente en prisión preventiva, el general Francisco Espinosa Navas, ha solicitado a través de su abogado la revocación del auto de prisión, pero el Juzgado ha rechazado este mismo viernes su petición.

Lo ha confirmado este viernes a Atlántico Hoy, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). En este momento procesal constan cinco peticiones de personación a las que aún no se ha respondido. El TSJC confirma que una de las entidades que ha pedido personarse ha recurrido el auto de puesta en libertad del presunto cabecilla de la trama, el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, pero su solicitud todavía no ha sido tomada en consideración porque formalmente no forma parte del procedimiento.

La Policía pide registrar el despacho de Fuentes en el Congreso

El equipo de la Policía que investiga el caso Mediador ha pedido registrar "sin restricciones" el despacho que utilizaba en el Congreso Juan Bernardo Fuentes Curbelo mientras fue diputado por el PSOE e intervenir todos sus equipos informáticos y dispositivos de almacenamiento.

En un informe enviado a la juez de Santa Cruz de Tenerife que instruye la causa fechado el martes, 28 de febrero el fiscal Anticorrupción de la provincia alega que no puede pronunciarse sobre esa petición, porque la Constitución consagra la sede del Congreso como "inviolable", recuerda.