El ‘caso Mascarillas’ ha entrado en una nueva fase con la irrupción de la Fiscalía Europea (FE), que ha asumido la investigación para defender los intereses financieros de la Unión Europea. La utilización de dinero del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para pagar parte de los cuatro millones de euros que cobró RR7 United del Servicio Canario de la Salud (SCS) por el millón de mascarillas es lo que permite intervenir al órgano europeo, que ha ejercido la avocación para apartar de la instrucción al Juzgado de Instrucción Nº7 de Las Palmas de Gran Canaria.
La cofinanciación europea del contrato con RR7 United y otros es clave para la investigación, pues es lo que permite intervenir a la FE. Este órgano, en funcionamiento desde 2021, es el responsable de investigar y perseguir delitos contra la integridad financiera de la Unión Europea. Por integridad financiera se entienden "todos los ingresos, gastos y activos cubiertos por, adquiridos a través o debido al presupuesto de la Unión Europea y los presupuestos de las instituciones, órganos, oficinas y agencias establecidos en virtud de los tratados, y los presupuestos gestionados y controlados por ellos", explica en su web.
El Gobierno de Canarias niega que parte de los cuatro millones pagados a RR7 United procediera de fondos europeos. Una fuente del Ejecutivo señala que hay un informe de la Intervención General que así lo certifica, pero se escuda en el secreto de sumario decretado por el juez para no facilitarlo.
Decenas de contratos con fondos europeos
Sin embargo, el rastro público del contrato indica lo contrario. Según se puede ver en la Plataforma de Contratos del Sector Público, la compra de un millón de mascarillas a RR7 United sí estuvo cofinanciada por fondos europeos. El 2 de agosto de 2021 se añadió al expediente del contrato en esa plataforma la resolución de la Dirección General de Recursos Económicos del SCS en la que se declaraba la cofinanciación europea de ese y otros contratos de emergencia formalizados durante la vigencia del estado de alarma.
[Pincha para ver la resolución de la Dirección General de Recursos Económicos del SCS]
Esa resolución, firmada por Ana María Pérez, directora de ese órgano ya dimitida por su imputación en el ‘caso Mascarillas’, explicaba que la Dirección General de Planificación y Presupuestos, dependiente de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, había comunicado al SCS que “determinados contratos destinados a hacer frente a las necesidades provocadas por el COVID-19 habían sido objeto de cofinanciación con fondos europeos”. Con esa resolución, el SCS declaraba cofinanciados 40 contratos, entre ellos el de RR7 United. Los documentos publicados por el Gobierno apuntan a la cofinanciación europea de la compra de ese millón de mascarillas que nunca fueron entregadas.
Antes de esa resolución había habido otras cuatro, todas muy similares: Hacienda comunicaba al SCS que el gasto de varios contratos formalizados en 2020 habían sido cofinanciados con fondos FEDER y la Dirección General de Recursos Económicos emitía una resolución declarando esa cofinanciación y ordenando que se modificara la información publicada en la Plataforma de Contratos del Sector Público. Una de esas resoluciones, la nº 295 / 2021, de febrero de 2021, detalla que la financiación europea de los contratos es del 85%.
Los fondos FEDER
La cantidad y el destino de los fondos FEDER de los que dispone la comunidad están delimintados por el Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020. Para ese período, a las islas le correspondían 1.173,7 millones de euros (997,7 directamente procedente del FEDER). Los fondos no pueden utilizarse libremente; el programa operativo establece varios ejes de actuación que delimitan en qué se puede y en qué no gastar el dinero. Pero en 2020 hubo una modificación para destinarlos también a la lucha contra la COVID-19.
En concreto, según la resolución de la Dirección General de Recursos Económicos del SCS, el dinero que cofinanció el contrato con RR7 United salió del Eje 1, Objetivo específico: 1.2.4: “Actuaciones necesarias para reforzar las capacidades de respuesta a la crisis provocada por la COVID-19”. Según explica el propio Gobierno de Canarias, con esos fondos “la Dirección General de Recursos Económicos ha cofinanciado gasto correspondiente a material de protección contra el coronavirus para todos los centros sanitarios del Servicio Canario de la Salud por importe de 24.159.686,24€”. No fue el único eje de los FEDER que sufrió modificaciones y del que salió dinero para sufragar contratos de emergencia por la COVID-19.
Qué es la avocación
Esa utilización de fondos europeos permite a la FE ejercer su derecho de avocación. La avocación es una herramienta que se utiliza en derecho administrativo por las administraciones públicas cuando un órgano jerárquicamente superior toma las riendas de un asunto delegado que ejerce un órgano dependiente de la misma administración. En este caso, la FE es jerárquicamente superior a la Fiscalía Anticorrupción en Las Palmas y más concretamente al Juzgado de Instrucción Nº 7 de Las Palmas de Gran Canaria.
El decreto de la FE con fecha 7 de noviembre de 2022 establece que el mencionado juzgado debe transferir las diligencias a dicho organismo europeo y abstenerse de realizar “ningún acto de investigación”. Además reclama la competencia territorial, temporal, espacial y personal de este caso para sí. La FE detalla que la denuncia por presunta prevaricación, malversación, tráfico de influencias, cohecho, prebendas y tratos de favor contra el Gobierno de Canarias, la Consejería de Hacienda, el exdirector del SCS, Conrado Domínguez y el Parlamento de Canarias llegó a la delegación española de la fiscalía comunitaria el 4 mayo de este año.
La citada denuncia la presentó el empresario canario Juan Manuel Pérez y en ella aseguraba que existía un fraude en la contratación del acuerdo con RR7 que afectaba a los intereses financieros de la Unión Europea y que había desaparecido cierta documentación de la Plataforma de Contratación del Sector Público.