La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha pedido que se imponga al exconcejal de Granadilla de Abona Nicolás Jorge la pena de 9 años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación, mientras que la formación política Sí Se Puede además solicita que sea condenado también por supuesta malversación de fondos públicos.
En aquel momento el acusado ostentaba las delegaciones de quinto teniente de alcalde, Organización Administrativa, Relaciones Institucionales y Colaboración con otras administraciones Públicas, Comunicación y Participación ciudadana durante el mandato de 2003 a 2007, cuando era alcalde, Jaime González Cejas.
Implantar la señal digital
La acusación tiene como base que el 30 de enero de 2006 el procesado presentó una moción con el fin de que se acordara la realización de las infraestructuras precisas para que en todo el municipio se pudiera recibir la televisión analógica y se implantara la Digital Terrestre.
En la propuesta que fue aprobada en la Junta Local se reflejaba que era necesario contar con un estudio técnico inmediato e integral redactado por especialistas, con los que el edil ya había contactado previamente. Todo el procedimiento tenía un coste estimado de 87.000 euros, aunque, según aseguró Jorge, era posible que se redujera en un 6% una vez que se contara con el mencionado estudio.
La Fiscalía y la Acusación Particular consideran que el edil debería conocer los requisitos legales y procedimentales para que su Departamento pudiera contratar a una empresa que se iba a encargar de la instalación de los repetidores.
Ausencia del necesario expediente
Sin embargo, lo cierto es que, según las acusaciones, este procedimiento se habría llevado a cabo “en absoluta ausencia del necesario expediente administrativo”. Extremo, que, según la Fiscalía, el exconcejal era “totalmente” consciente en cuanto suponía una infracción del la ley que regula la contratación pública.
Pese a todo ello el edil procedió a firmar el documento el 14 de diciembre de 2006 por el que adjudicaba a la entidad los trabajos por un presupuesto final de casi 110.000 euros, añade el escrito.
La Fiscalía ha solicitado que durante el juicio que tendrá lugar el 20 de junio por parte de la Sección II de la Audiencia Provincial sean citados a declarar, además del imputado, el técnico de contratación del Ayuntamiento, quien también llegó a estar imputado y el administrador de la empresa adjudicataria en el momento de los hechos.