"El caso Mascarillas es sólo la punta del iceberg". La frase la pronuncia, con la naturalidad de quien ya no se asombra por nada, una persona que durante los últimos meses ha analizado al detalle esa trama —y sus derivadas—. Ha buceado entre denuncias y resoluciones, ha analizado las licitaciones del Gobierno de Canarias en tiempos de pandemia, ha contactado con protagonistas, ha hecho sus fuentes, ha examinado el papel de la prensa... Y a cada oportunidad que tiene no deja de repetir lo mismo: "esto es sólo la punta del iceberg", una afirmación que, tras la información a la que ha tenido acceso este periódico, parece que se ajusta a la realidad.
Juan Manuel Pérez, el ciudadano grancanario que presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Cuentas, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la Fiscalía Europea contra 23 contratos que el Ejecutivo autonómico —bajo la presidencia del socialista Ángel Víctor Torres— dio a dedo a 11 empresas durante los primeros meses de la pandemia provocada por el COVID19 —, amplió su querella el 8 de abril de 2022 y puso el foco sobre otras 34 adjudicaciones del Gobierno canario durante 2020 que se repartieron 10 firmas.
RR7 United
En ambos escritos el denunciante subraya que el Servicio Canario de la Salud (SCS) dio contratos que duplicaban y triplicaban los precios comunes de material sanitario para combatir el COVID19 en el mercado y recalca que muchas de las compañías adjudicatarias no tenían experiencia en el sector. El caso más claro lo protagonizó RR7 United, una empresa montada para la compraventa de automóviles de lujo que cobró cuatro millones de euros por unas mascarillas que jamás llegaron a los centros sanitarios de las Islas.
La investigación de la Fiscalía Anticorrupción —con Javier Ródenas al frente—, tras la primera denuncia de Juan Manuel Pérez, destapó el desfalco que sufrió el SCS en la operación con RR7 United y derivó en una querella que primero instruyó el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas y luego asumió la Fiscalía Europea al entender que el Gobierno de Canarias utilizó fondos europeos para pagar las mascarillas 3M que nunca recibió.
Fondos FEDER
Aunque el Ejecutivo autonómico negó que el material se comprara con partidas FEDER —incluso llegó a retirar de su portal de transparencia la resolución—, la denuncia de Pérez advertía lo contrario. La Fiscalía Europea tomó buena nota y señaló en una diligencia de noviembre de 2022 publicada por Canarias7 que había iniciado el proceso para investigar adjudicaciones que recibieron Tout Espagnol Import y Export, Valsons Trader Exportaciones SL, Titerro International SL, One Airways, ACJ SA, Sanitary Traders Spain SL, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL —empresa sonre la que gravita el caso Koldo—, Grifols Movaco, Abbot Rapid Diagnostics Healthcare, Damco Trading Services SA —compañía clave en caso Cerpa y en la querella por un presunto delito de fraude fiscal contra Miguel Ángel Ramírez—, RC Thecnology Limited y Martín e Hijos.
En la ampliación de Pérez presentada durante la primavera de 2022, se ponen bajo lupa otros 34 contratos que el Gobierno de Canarias adjudicó a ACJ SA (13 licitaciones), Martín e Hijos (cinco), Innjoo Technology (nueve), Cardiomedical del Atlántico (1), Ossaforma (1), Quizz Health Services (1), Sanitary Traders (1), Dragër (1), Tiba Spain SAU (1) y Tout Spagnol Import Export (1).