La Fiscalía Europea (FE) ha asumido la investigación del caso Mascarillas apelando a su derecho de avocación, por lo que el Juzgado de Instrucción Nº7 de Las Palmas de Gran Canaria debe transferir las diligencias a dicho organismo europeo y abstenerse de realizar “ningún acto de investigación”.
Así lo establece un decreto de la FE con fecha 7 de noviembre de 2022, en el que se menciona la denuncia que dio origen al caso y que fue presentada en abril de este año. Además de reclamar la competencia territorial, temporal, espacial y personal de este caso para sí, según ha adelantado El Cierre Digital.
Integridad financiera de la UE
La Fiscalía Europea (FE) es el órgano responsable de investigar y perseguir delitos contra la integridad financiera de la Unión Europea. Comenzó sus operaciones en junio de 2021 y entre sus casos más sonados en España está la investigación de un contrato de la Comunidad de Madrid con una empresa que tenía lazos con el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
En su web, la FE define los intereses financieros de la UE como "todos los ingresos, gastos y activos cubiertos por, adquiridos a través o debido al presupuesto de la Unión Europea y los presupuestos de las instituciones, órganos, oficinas y agencias establecidos en virtud de los Tratados, y los presupuestos gestionados y controlados por ellos".
Es el caso del contrato con RR7 United para la compra de mascarillas. El 9 de junio de 2021, la directora de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, ya dimitida tras su imputación en el caso Mascarillas, dictó una resolución declarando confinanciados por fondos europeos FEDER multitud de contratos para hacer frente a la pandemia de la covid-19, entre ellos el del millón de mascarillas con RR7 United.