El Juzgado de Instrucción número cuatro de San Cristóbal La Laguna ha elevado a la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo una exposición razonada sobre la presunta implicación del secretario general de Coalición Canaria y senador por designación autonómica Fernando Clavijo en el denominado caso ‘Reparos’ cuando era alcalde de La Laguna.
Entiende la juez Ana Serrano-Jover que "hay indicios de que el señor Clavijo podría haber cometido un delito continuado de prevaricación administrativa al solventar reparos de la intervención" en múltiples expedientes.
Como Fernando Clavijo es senador, su aforamiento nacional determina que sólo el Supremo podría investigarle, en el caso de que se estime el escrito de la magistrada de La Laguna.
De haber una condena conllevaría la inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo de 9 a 15 años.
Los hechos
Los hechos investigados habrían sido cometidos entre los años 2011 y 2014 durante su época como primer edil de la ciudad del Adelantado, cuando, según el escrito, habría salvado reparos formulados por la Intervención Municipal “de manera reiterada y sin sujetarse al procedimiento administrativo en cuanto a las normas que han de regir la contratación administrativa de los ayuntamientos”
Según se lee en la exposición razonada remitida al Supremo, la juez considera que “existen todos los requisitos que para apreciar el delito de prevaricación administrativa tipificado en el artículo 404 del C.P. (Código Penal) se exige por la jurisprudencia”, una conducta reiterada que generó la prorroga de contratos por más de dos años “sin base para ello pues ya habían finalizado la posibilidad de dicha prórroga”.
Considera la magistrada que "es muy difícil" que un economista como Fernando Clavijo, con años de experiencia en la administración, desconozca la contratación pública que se basa en el libre acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia, no discriminación e igualdad de trato.
Origen
La denuncia del caso 'Reparos' fue promovida por Santiago Pérez, quien actualmente es el responsable de urbanismo en el grupo de gobierno municipal de La Laguna y senador autonómico a propuesta del PSOE.
La magistrada explica en su exposición razonada que ya ha practicado las pruebas documental, testifical y pericial y solo quedaría como diligencia la declaración de Clavijo.
En la exposición razonada se detallan, uno a uno, los aproximadamente ochenta decretos del alcalde en esos años en los que se levantaron los reparos de la Intervención, que van desde contratos de limpiezas de colegios y dependencias municipales por 7 millones de euros a talleres de ocio (1,8 millones), servicios sociales de ayuda a domicilio (3,3 millones), actividades extraescolares (500.000 euros) o mantenimiento de jardines (un millón de euros).
El entonces alcalde antes de dictar "todos y cada uno" de los decretos solventando los reparos "tuvo total y absoluto conocimiento de que se estaban produciendo prórrogas extemporáneas con efectos retroactivos, así como autorizaciones de continuidad de la prestación del servicio", en algunos casos con duraciones de hasta dos y ocho años.
Contexto
Este nuevo capítulo procesal llega para Fernando Clavijo dos días después de haber presentado en Gran Canaria su proyecto para el Archipiélago en los próximos años bajo el título Canarias, más lejos de España, más lejos de Europa, como punto de partida de la precampaña electoral de cara a las elecciones de mayo de 2023.
En un acto junto a empresarios, ejecutivos, medios de comunicación y representantes de la sociedad civil el lider nacionalista desgranó los ejes de su proyecto de cara a los comicios autonómicos, que busca la creacion de una agencia tributaria canaria para tener mayor autonomía fiscal, la bajada de impuestos y el blindaje del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias para que no se toque 'gobierne quien gobierne".