A falta de que se haga público el texto íntegro del Decreto ley que modificará la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias, el consejero de Transición Ecológica, Mariano Zapata, ha informado esta semana de algunas de las nuevas medidas que se incluirán en el texto y que afectarán tanto a administraciones públicas y empresas como a ciudadanos.
El texto pasará de 93 artículos a 84, eliminará los planes que había establecido el anterior Ejecutivo con la ley, suavizará algunas de las obligaciones pero también incluirá nuevos requisitos más estrictos, así como propuestas que irrumpen en el mercado actual. Se espera que el texto se apruebe antes de agosto.
En el 100% de la azotea
Una de las medidas más contundentes que afectará a ciudadanos y a ayuntamientos es la relativa a la obligación de que todas las azoteas de nueva construcción o que sufran una rehabilitación deberán destinar el 100% de su superficie a la instalación de fotovoltaica. Para ello se derogará cualquier ordenación contraria a la instalación fotovoltaica en las azoteas. Asimismo se permitirá la instalación de pérgolas para la colocación de las placas.
Zona de aceleración de renovables
Bajo la idea de la agilización de los trámites para la implantación de renovables, en la modificación de la ley se ha establecido la implantación de zonas de aceleración de energías renovables. Se trata de áreas que aparentemente se han pactado con todos los cabildos para la instalación agilizada de los parques eólicos o fotovoltaicos. En estas zonas los proyectos se acogerán a una evaluación ambiental simplificada.
Registro de la huella de carbono
Una de las relajaciones que traerá la modificación corresponde a la obligatoriedad a todas las empresas de tener un registro de la huella de carbono. La consejería ha abogado por que este requisito solo afecte a las medianas y grandes empresas y a todos los negocios dedicados al alojamiento turístico.
Un árbol cada tres habitantes
A los ayuntamientos se les ha sumado también una tarea importante con el decreto ley. Todos aquellos municipios que vayan aprobar un nuevo Plan General de Ordenación estarán obligados a tener un mínimo de 10 metros cuadrados de zonas verdes por habitante y a tener un árbol cada tres habitantes. Una obligación que será especialmente complicada en las islas orientales, aunque desde la consejería abogan por buscar la fórmula que lo permita.
Energía pública
Una de las medidas que incluirá el nuevo texto es la creación de una empresa pública de la energía para la producción y comercialización de electricidad por medio de instalaciones de energía renovable propia. La empresa pública también servirá para la ejecución de proyectos de mitigación y adaptación y para asesoramiento y asistencia técnica
Participación canaria obligatoria
Otra propuesta con amplio valor local es la obligación de que los futuros proyectos de energías renovables que se impulsen en las islas y que superen los 2 megavatios tendrán que obtener un mínimo del 20% de participación local, pudiendo acceder empresas, administraciones o ciudadanos.
Formación verde
El decreto ley también incluirá la creación de un plan formativo verde, que busca impulsar el empleo en sectores relacionados con la transición energética. Esto permitirá, según la consejería, la recualificación de trabajadores de sectores vulnerables.
Acción Climática
La modificación de la ley también trae consigo la declaración de proyectos de acción climática con el objeto de legitimar las obras de interés general en materia de lucha contra el cambio climático. Esto permitirá agilizar los trámites de las obras necesarias a realizar en las cerca de 50 zonas en riesgo por las subidas del nivel del mar en Canarias. Por otra parte, se exigirá la elaboración de planes de adaptación ante is riesgos del cambio climático a las infraestructuras críticas como las centrales eléctricas o las desaladoras. Estas infraestructuras deberán tener una hoja de ruta para protegerse de los efectos que traerá el cambio climático.
Menos estructura
El decreto ley también hace un importante recorte en las estructuras de la consejería. De esta forma se sustituirá la Comisión Interadministrativa de Acción Climática, Energía y Agua por la Comisión Canaria de Acción Climática y Energía, que se deberá constituir en tres meses. Asimismo se sustituirá la creación de la Agencia Canaria por la creación de una Oficina Canaria de Acción Climática como área de la Consejería, que tendrá un plazo de creación de seis meses y estará compuesta por 25 personas.
Intrumentos
La modificación también reestructura los instrumentos en los que se apoya la ley. Así, se eliminarán la Estrategia de Acción Climática, la Estrategia Canaria de Transición Justa y Justicia Climática y el Plan Canario de Acción Climática y el polémico Plan de Transición Energética de Canarias. En sustitución habrá dos planes autonómicos: el Plan Integrado de Energía y Clima de Canarias y el Plan Canario de Adaptación Climática. Además de dos planes locales: Planes Insulares de Acción Climática (para cabildos) y los Planes de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (para ayuntamientos).