El Consejo de Ministros ha puesto en marcha este martes el procedimiento para recurrir el protocolo de atención a los niños llegados en pateras y cayucos aprobado por el Gobierno de Canarias y solicitar al Tribunal Constitucional que deje claro que la protección de los menores es siempre competencia autonómica.
Específicamente, el Gobierno de España ha acordado solicitar con carácter urgente un informe al Consejo de Estado sobre ese protocolo, en paso que necesariamente tiene que dar antes de entablar un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional contra la comunidad de Canarias, según ha informado la ministra portavoz, Pilar Alegría.
En el protocolo publicado la semana pasada en el Boletín Oficial de Canarias, el Ejecutivo de Fernando Clavijo sostiene que los niños que llegan solos a tierra sin un familiar adulto que cuide de ellos no están desamparados, sino bajo custodia de la Policía o la Guardia Civil, por lo que corresponde al Estado su primera acogida.
Y añade que solo se hará cargo de ellos en los centros de la comunidad autónoma con expedientes individualizados, si han sido correctamente identificados y siempre y cuando tenga plazas disponibles.
En un comunicado, el Gobierno de España explica que, a su juicio, no solo vulnera el reparto de competencias entre el Estado y la comunidad autónoma ese protocolo, sino también en acuerdo que el Ejecutivo canario aprobó el 2 de septiembre para pedir a las ONG que gestionan sus centros que no admitan a más menores sin su permiso.
"Una vez recabado el preceptivo dictamen del Consejo de Estado, se procederá a solicitar al Tribunal Constitucional la nulidad de las actuaciones impugnadas, y que se declare la competencia autonómica para la protección de todos los menores en su territorio, estén o no bajo custodia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o de otros servicios estatales, remitiendo el concepto de desamparo a lo dispuesto en la legislación civil del Estado", detalla el Ministerio de Política Territorial, en un comunicado.
En opinión del Gobierno central, el protocolo del Gobierno canario limita las competencias autonómicas sobre menores, modifica el concepto jurídico de desamparo, impone obligaciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y regula "cuáles deben ser las actuaciones del Estado en el ejercicio de sus competencias".
"Como consecuencia de todo ello", añade el departamento de Ángel Víctor Torres, "el Gobierno debe velar por la protección del interés superior del menor, ya que puede darse una desprotección grave del mismo, como ha puesto de manifiesto la Fiscalía", y puede producirse "un riesgo de incumplimiento de obligaciones internacionales del Reino de España en relación con la protección de menores".
El Gobierno ha pedido ese informe del Consejo de Estado horas antes de la reunión programada para este mismo martes entre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y los ministros con competencias en materia migratoria con el fin de tratar de acercar posturas y evitar el conflicto institucional.
Clavijo se reúne este martes con los ministros de Interior, Derechos Sociales, Migraciones y Juventud e Infancia para tratarlo y retomar el diálogo después de que las posturas de ambos gobiernos se hayan alejado sensiblemente en las últimas semanas.