Las intenciones eran buenas, pero inconstitucionales. El pasado 27 de octubre de 2022, el Consejo de Gobierno de Canarias aprobó revisar el precio del contrato la línea marítima entre Tenerife y El Hierro -declarada de Obligación de Servicio Público- debido a que la inflación derivada de la guerra en Ucranía había afectado tanto a los costes de combustible que era insostenible para Naviera Armas, compañía que presta el servicio.
El contrato firmado en 2020 con Armas-Trasmediterránea incluía una previsión anual del incremento de los precios del combustible que usan los barcos que, para 2022, se situó en el 5%. Sin embargo, el Gobierno de Canarias analizó en octubre lo siguiente: "La realidad actual sobrepasa con diferencia esas previsiones realizadas hace dos años, con incrementos que, en la actualidad, van del 20% al 30% en los combustibles de usos marinos".
Afrontar el coste desde el Gobierno de Canarias
La administración de Torres decidió entonces revisar el precio del contrato y afrontar el sobrecoste del combustible en la ruta con El Hierro, ya que esta subida de precio repercutía de manera directa en la viabilidad económica de la empresa marítima porque, al tratarse de una ruta Obligación de Servicio Público, "estas subidas no pueden verse trasladadas a los precios que pagan los usuarios".
En noviembre, además, el Parlamento de Canarias convalidó de forma unánime el decteto. El objetivo de la norma era compensar el incremento del coste del combustible de manera retroactiva desde el 1 de abril de 2022. El cálculo de la revisión en el precio mensual del contrato por la subida de los precios se previó con un índice de variación móvil Imed3 basado en la variación del precio del petróleo Brent europeo.
Una revisión inconstitucional
Pero al Estado no le ha hecho gracia que el Gobierno de Canarias se meta a legislar sobre algo que es competencia suya como son las normas de contratación pública. Desde hace meses, la Comisión Bilateral Canarias-Estado ha estado convocada para resolver unas "discrepancias" respecto al decreto. Esas "discrepancias" se han resuelto con el compromiso del Gobierno de Canarias a derogar la revisión de precio del contrato.
Así se ha comunicado al Tribunal Constitucional y se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). En el primero -el BOE-, el acuerdo se ha anunciado como un "procedimiento de declaración de inconstitucionalidad".
Se seguirá la normativa estatal vigente
En este contexto, el Ejecutivo regional se ha comprometido a que "las futuras actuaciones que se puedan promover en este ámbito se ajustarán a la normativa básica estatal vigente y a las directivas de la Unión Europea sobre contratación pública".
Tras este acuerdo, ambas partes consideran resueltas las discrepancias competenciales. El documento ha sido rubricado por la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez García, y el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez.