La visita oficial que Pedro Sánchez realizó la semana pasada a Marruecos concluyó con una declaración de buena voluntad —por parte de ambos países— sobre la reapertura de las aduanas en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla —cerrados desde 2018—. Desde la parte española se deslizó que "está todo listo" para que vuelvan a estar operativas; al otro lado de la valla, mientras, se advirtió que aún quedan "cuestiones técnicas" por resolver. La clave, parece, para que todo vuelva a la normalidad diplomática reside en la condición que exige Mohamed VI, rey del país norteafricano: el traspaso de la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental, hasta ahora bajo control desde Canarias.
La cesión ya había sido acordada por ambos países en febrero del año pasado, pero cuatro meses después España bloqueó la trasferencia de esas competencias al coincidir con el adelanto de las elecciones generales y el cierre de la anterior legislatura. Ahora, tras meses de presión del Gobierno de Rabat sobre Ceuta y Melilla —según ha revelado El Confidencial Digital—, Marruecos ha retomado esa demanda para volver a abrir las aduanas con las dos ciudades autónomas españolas en continente africano.
Incumplimiento constante
ENAIRE, empresa pública adscrita al Ministerio de Transporte, ha gestionado del espacio aéreo de la excolonia española desde el Centro de Control Aéreo de Canarias y de acuerdo con las regulaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de la ONU. Este escenario, vigente desde hace décadas, ha planteado dudas sobre derecho internacional, ya que España es considerada la potencia administradora, pero no propietaria del espacio aéreo saharaui según la legalidad internacional.
Marruecos, pese a la resolución del ente dependiente de la ONU, se ha saltado continuamente la legalidad internacional. Sus cazas sobrevuelan el espacio asiduamente y ocupan los aeródromos de la zona y en los últimos años el empleo de drones ha sido habitual en la región por parte de las fuerzas marroquíes.
Repercusión en las Islas
El 23 de marzo del año pasado, el acuerdo entre España y Marruecos para la cesión del control del espacio aéreo del Sáhara Occidental no pasó desapercibido en Canarias. Fernando Clavijo, actual presidente de Canarias pero entonces senador, denunció que el Estado negociara “por la puerta de atrás” con el país magrebí. "Esta cesión de la gestión del espacio aéreo del Sahara Occidental es el último episodio de una claudicación del Gobierno de España que no entendemos ni compartimos", recalcó el líder nacionalista.
“Si se está negociando que el control aéreo que se lleva desde hace muchos años en Canarias, y no por casualidad sino para dar cumplimiento a las resoluciones de la ONU, pase a ser gestionado por el Gobierno de Marruecos”, aclaró Clavijo, “es que estamos ante otro paso más en este proceso de ocupación marroquí del Sahara Occidental y de sus recursos. Seguimos viendo cómo, después de la cesión de aguas marítimas, continúa la traición al pueblo saharaui con esta penúltima cesión sobre el espacio aéreo” entre el Sahara Occidental y Canarias. “Y por ahora nadie sabe bajo qué condiciones”, puntualizó el senador de Coalición Canarias sobre la posición “oportunista y opaca” del Gobierno de España y el “silencio cómplice” del entonces Gobierno autonómico.
24 horas después de las declaraciones de Clavijo, Ángel Víctor Torres, entonces presidente de Canarias —ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática—, negó la mayor. "No existe ninguna cesión, sólo se han abierto conversaciones para mejorar la gestión", aseveró el 24 de marzo. El líder del PSOE en el Archipiélago consideró que ambos países se emplazaban a "iniciar conversaciones sobre la gestión de los espacios aéreos, pero en ningún caso se habla de cesión".