La tensión entre el Gobierno de España y el Ejecutivo canario se elevará este martes un nivel más ante la previsión de que el primero lleve al Tribunal Constitucional el nuevo protocolo para la acogida de menores migrantes no acompañados que el pasado jueves publicó el Boletín oficial de Canarias. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, intervendrá en la Comisión Interministerial de Inmigración que tendrá lugar también este martes, después de asegurar haber sido expulsado, donde defenderá el protocolo.
En la reunión estarán presentes los ministros de Interior, Exteriores, Migraciones, Juventud e Infancia, Derechos Sociales y Política Territorial, con la intención de tratar un único punto dedicado a la inmigración, con especial atención a Canarias, el reparto de menores y el nuevo protocolo de la acogida de menores. Clavijo podrá asistir a la reunión una vez concluida, aunque en la mañana de este lunes el Gobierno canario aseguraba que había sido excluído, lo que supuesto un nuevo punto de tensión entre las dos administraciones.
Crispación
Pese a que hace unos meses ambos gobiernos pactaban juntos, la situación migratoria ha tensionado las relaciones. “No sé si la situación es de crispación o no, pero sí les digo que estamos tristes, extenuados”, ha trasladado el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, este lunes tras la reunión del Consejo de Gobierno. Las palabras de Cabello llegaban tras la supuesta exclusión de Clavijo de la reunión interministerial y ante la constante llegada de inmigrantes que tiene que atender la comunidad autónoma. A ello se ha sumado la situación por el protocolo para la acogida de menores publicado el pasado jueves.
El Ejecutivo central cree que algunas de las medidas en las que se apoya el nuevo protocolo pueden ser inconstitucionales, según ha publicado El País, ante lo que esperan al menos que el Tribunal Constitucional suspenda cautelarmente el protocolo. Ya la Fiscalía Superior de Canarias había emitido un decreto que enmendaba la totalidad del nuevo protocolo al considerar que podría incurrir en la discriminación de los menores migrantes.
La Fiscalía anunció que denunciará a los miembros de la Dirección General de Protección de la Infancia del Gobierno de Canarias que se nieguen a acoger a los menores que lleguen, avalados por el nuevo protocolo, que obliga a la Policía Nacional a elaborar una documentación individualizada de cada menor “que garantice su correcta identidad y circunstancias individuales” antes de su recepción. Ante estos requisitos previos, la Fiscalía ha anunciado que estudiará si se incurre en un delito de abandono de menores.
El primero en la ayuda
Este nuevo protocolo está pensado desde la idea de que el Estado es el primero en auxiliar a las personas rescatadas en alta mar y en darles una primera atención, por lo que cuando entre las personas rescatadas hay menores no acompañados, es la Policía Nacional y la Fiscalía quienes tienen que elaborar una serie de informes para que la tutela recaiga en la comunidad autónoma, quien tiene la competencia en la atención a los menores.
Si bien este protocolo se hizo bajo la premisa de que se ha superado con creces la capacidad de la comunidad autónoma en la acogida de menores migrantes, que ronda los 5.300, ha sido duramente criticado por por anteponer la burocracia al bienestar del menor, que no pasaría directamente a la tutela de la comunidad.
Declive
Hasta hace pocas semanas la relación de ambos ejecutivos era cordial. Sobre la mesa estaba la agenda canaria y la negociación de la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería. Pero hace dos semanas el Gobierno de Canarias endureció su estrategia ante la falta de financiación y especialmente la ausencia de negociaciones para alcanzar un acuerdo de la reforma de la ley.
El punto de inflexión fue hace dos semanas cuando el Gobierno canario aseguró que el Estado estaba presionando a las ONGs para que acojan a más menores de los que tienen capacidad. Ante ello, informaron que el Ejecutivo regional denunciará al Estado por la gestión migratoria en las islas. Esa denuncia se informó en una reunión del Pacto migratorio canario, avalada por los grupos.
Esas supuestas presiones fueron el germen que llevó a la elaboración de un nuevo protocolo, según el cual se obliga a que antes de la acogida por parte de la comunidad, los menores deberán tener una reseña de identificación, su inscripción en el RMENA si constase, y una resolución administrativa de asignación o ubicación individualizada del órgano correspondiente del Estado, previa audiencia al menor, en presencia de un intérprete de su lengua materna u otra que pueda entender, con conocimiento del Fiscal, y un acto formal de entrega con documentación individualizada.