Una sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), fechada el 14 de marzo, pone al Gobierno de Canarias frente a un problema morrocotudo: el probable pago de una indemnización millonaria a Obrascon Huarte Lain (OHL), firma a la que el Pacto de las Flores —con el socialista Ángel Víctor Torres en la presidencia— descabalgó de la obra para cerrar el anillo insular de Tenerife —nada más acceder al Gobierno de Canarias— en un cambalache en el que el equipo de Sebastián Franquis obvió un estudio técnico de la Mesa de Contratación —notificado durante el tramo final de la legislatura gobernada por Fernando Clavijo— y entregar el contrato a FCC.
Para entender el rompecabezas hay que retrotaerse a 2019. Ese año, el Ejecutivo autonómico licitó la obra del cierre del anillo insular de Tenerife por 311.682.321,60 euros. En ese momento no había un proyecto público más goloso que ese en España y diferentes constructuras nacionales entraron en una puja —la mayoría en UTE con compañías locales— que resolvió una Mesa de Contratación el 22 de marzo de ese año, apenas dos meses antes de las elecciones autonómicas que se celebraron el 26 de mayo. Esos comicios, tras 26 años consecutivos de gobiernos presididos siempre por dirigentes de Coalición Canaria, dibujaron un revolcón en el panorama político de las Islas: una coalición entre PSOE, Nueva Canarias (NC), ASG y Podemos formó el Pacto de las Flores para componer un nuevo Ejecutivo autonómico.
Baja temeraria
En ese impasse de tiempo, el que transcurrió entre la apertura de las plicas con las ofertas de todas las empresas que se presentaron al concurso y la investidura del socialista Torres como presidente —con la noche de las elecciones en medio—, la oferta de OHL en UTE junto a Obrascon, Excavaciones Bahíllo y Asfaltos Bahíllo obtuvo la mejor valoración al sumar 95,90 puntos —tres puntos y medio más que coalición formada por FCC, El Silbo Construcciones y Obras y Syocsa-Inarsa y muy por encima de las propuestas lideradas por compañías como Sacyr, Acciona, Azvi o Dragados—.
El proceso, sin embargo, no quedó resuelto en ese momento. La Mesa de Contratación estimó que la oferta ganadora se encontraba incursa en presunción de anormalidad por una posible baja temeraria en los costes presupuestados para ejecutar el proyecto, por lo que se requirió a OHL que desglosara de manera razonada y detallada el bajo nivel de sus precios. La empresa contestó el 25 de abril y el 13 de mayo el órgano de la administración autonómica dio por bueno un estudio técnico propio, por lo que de inmediato elevó una propuesta de adjudicación de la obra entre El Tanque y Santiago del Teide a OHL que Pablo Rodríguez, como consejero de Obras Públicas eventual —a la espera de la toma de posesión del nuevo Gobierno— firmó ya como contrato concesionario el 4 de junio por 213.491.998,19 euros.
Relevo en el área
Apenas tres semanas después, FCC interpuso un resurso especial ante el Tribunal de Contratos —ente dependiente de la Consejería de Hacienda— al considerar que la oferta de OHL incurría en varios incumplimientos —diferencias salariales, la jornada máxima de aplicación o el coste de cotizaciones a la Seguridad Social—. La apelación, además, cuestionaba la decisión de la Mesa de Contratación al alegar que no había realizado "un análisis profundo de las importantísimas cuestiones que debían revisarse y debatirse, como los incumplimientos de la normativa laboral que coadyuvan al precio anormalmente bajo de la oferta adjudicataria".
Con ese recurso en la mano, el Tribunal de Cuentas devolvió el caso a Obras Públicas, organismo que ya había resuelto la adjudicación. Sin embargo, el contexto en esa administración pública era diferente: se había consumado el relevo en el Gobierno de Canarias y el área estaba dirigida por Sebastián Franquis (PSOE), que había reclutado a Conrado Domínguez —imputado tres años después por el caso Mascarillas— como secretario general técnico. La consejería, en apenas dos meses y medio bajo control del PSOE, tiró a la basura sus propios estudios técnicos previos y dio por bueno el recurso de FCC tras pedir una nueva memoria que se entregó el 24 de septiembre.
Reclamación millonaria
El Tribunal de Contratos, en base a ese documento, resolvió entonces a favor de la UTE recurrente y el equipo de Franquis anuló el contrato concesionario, excluyó de la licitación a OHL y entregó la obra a FCC, una decisión que ahora le puede costar cara al erario público: el TSJC ha dejado sin efecto la anulación de la adjudicación y la exclusión de la oferta de OHL al considerar, por ejemplo, que "la pericial de la que se valió FCC para sostener sus pretensiones no es de naturaleza laboral sino técnica, elaborada por un ingeniero de Caminos que en el acto del juicio reconoció no ser un experto en materia laboral".
El fallo, que puede ser recurrido por el Gobierno de Canarias y FCC en el Tribunal Supremo, ratifica lo dispuesto en la orden del 4 de junio firmada por Pablo Rodríguez, entonces al frente Obras Públicas y Transportes, "por medio de la cual se declaró la viabilidad de la oferta de UTE-OHL y se la adjudicó la obra" tras varios estudios de la propia consejería. La sentencia abre la puerta a posibles reclamaciones económicas, que algunos expertos sitúan en torno a un 6 % —entre 15 y 20 millones de euros— del importe de una obra que se ha ejecutado en un 60% y en base a los costes de una oferta que ya era más cara que la propuesta ganadora del concurso.