El Gobierno de Canarias ya tenía superado el conato de crisis derivada de la carta de Pedro Sánchez al rey de Marruecos aprobando su plan autonómico para el Sáhara. (Dato: En los dos primeros meses del año llegaron a Canarias 115 pateras. En Marzo 8).
Ahora, un nuevo frente de mayor calado se abre para el equipo de Ángel Víctor Torres tras liberalizar el Consejo de Ministros la instalación de plantas regasificadoras en Canarias, una vieja de reclamación de unos que es rechazada por otros, entre ellos el propio gobierno autonómico y sus socios en el Ejecutivo, con algunas excepciones.
El Gobierno regional ya ha anunciado que se ha solicitado al ministerio de Teresa Ribera una modificación legislativa con el fin de no dejar lugar a dudas sobre la no implantación de un sistema gas ciudad en Canarias, algo “descartado por la planificación energética” del Archipiélago.
Mientras el foco se centra en si los hogares tendrán gas ciudad o no, ya se da por hecho que la instalación de las regasificadoras será solo “para suministrar a los buques y barcos”, lo que de facto supone la implantación de plantas (están previstas una en Granadilla, Tenerife, y otra en Arinaga, Gran Canaria) que podrán, a posteriori, suministrar este combustible a tierra si fuese necesario.
Está por ver con qué presteza se ejecuta esa modificación legislativa y su relación directa con el desarrollo de la guerra en Ucrania, detonante principal de la medida puesta en marcha por el Gobierno central para hacer frente a la imparable subida de la luz y el súbito encarecimiento de los carburantes.
Diferentes corrientes
La diferencia con la polémica del Sáhara es que en esta ocasión la respuesta del cuatripartito ha sido unívoca. A lo largo del jueves y el viernes fueron varios los miembros del gabinete de Torres, incluido él mismo, quienes hicieron declaraciones públicas en un mismo sentido: el gas no llegará a las ciudades y solo servirá “para suministrar a los buques y barcos, así como en las centrales térmicas para autoconsumo”, en palabras del presidente.
El consejero de Transición Ecológica, Jose Antonio Valbuena, avanzó que el Gobierno de Canarias “está de acuerdo con esta decisión pero se encuentra en la fase de aclarar esta disposición final cuarta (la que aprueba la instalación de regasificadoras)” para cumplir lo dicho por Torres.
No todas las posturas dentro del PSOE van en la misma línea. El presidente del Cabildo de Tenerife y líder del PSOE en la isla, Pedro Martín, ya ha manifestado en varias ocasiones su posición favorable a las regasificadoras como una forma de reducir la contaminación "de manera drástica" en una isla que tiene una de las centrales más contaminantes de toda Europa.
En el pasado, otro socio de Gobierno de Torres, Casimiro Curbelo, también se manifestó a favor del gas como elemento de transición a las energías limpias. Aún no se ha manifestado tras el anuncio del Gobierno.
Oposición frontal
Nueva Canarias lleva años de oposición frontal a cualquier aproximación al gas. El más beligerante, Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, que ha tenido sonados desencuentros con su entonces homónimo en Tenerife, Carlos Alonso, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, por su disposición a servirse del gas en las Islas. Desde su llegada al consistorio ha mantenido una defensa a ultranza de las energías renovables y ha visto en el gas una forma de retrasar la transición energética del Archipiélago.
El presidente del partido y vicepresidente del Gobierno autonómico, Román Rodríguez, manifestó este viernes que no se introducirá el gas ciudad en Canarias. “No se van a hacer” porque hay informes “que indican que su implantación no es viable”, en referencia a dos realizados por la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) en 2017 y 2018 para valorar su implantación en Granadilla.
Por su parte, Sí Podemos Canarias ha reiterado su postura "totalmente contraria” a esta medida por ser “un recurso energético muy deficitario y que conlleva un elevado coste económico”.
Divergencias históricas
En el Archipiélago las posiciones con respecto a la entrada del gas permanecen inalteradas desde hace años. A favor, algunos sectores -ahora mayoría- de Coalición Canaria, Partido Popular y algún verso suelto de los socialistas como Casimiro Curbelo con su Asociacion Socialista Gomera; en contra, la práctica totalidad de la izquierda (PSOE, Nueva Canarias y un recién nacido Podemos con sus plataformas regionales).
El germen fue la propuesta hecha por la compañía Enagás de instalar una regasificadora en el puerto de Granadilla (Tenerife), acogida con satisfacción por el Cabildo y su entonces presidente, el nacionalista Carlos Alonso. Pese a la buena predisposición del ente insular como del Gobierno autonómico de Fernando Clavijo, del mismo signo político, la CNMC se pronunció en contra del proyecto por dos veces, en 2017 y 2018.
En su último informe en el que desaconsejaba la autorización de construcción de la regasificadora, la CNMC estimó que “la previsión de utilización de Granadilla sigue siendo insuficiente para cubrir los costes que genera el proyecto”.
No obstante, no se trataba de un no rotundo, puesto que sólo pedía “garantías de uso de planta y de los correspondientes estudios económicos, que comprueben la sostenibilidad económica del sector del gas natural, tras la gasificación de las Islas Canarias”.
Por tanto, su negativa se basaba más en la falta de estudios que comprobasen su rentabilidad que en el posible impacto negativo que su introducción generase en el sistema energético canario o en el hipotético perjuicio a las renovables.
A favor en Tenerife
En aquel momento Carlos Alonso defendió la necesidad del gas como combustible de transición hacia las energías verdes. "La introducción del gas sigue siendo necesaria desde el punto de vista ambiental y económico, y no va a impedir que sigamos avanzando en la introducción de energías renovables”, afirmó en octubre de 2017.
El actual consejero de Coalición Canaria en la corporación insular manifestó recientemente a Atlántico Hoy que la paralización de la regasificadora en Tenerife se debía a intereses empresariales y diferencias políticas entre la izquierda de Tenerife y Gran Canaria, pero que es “interesante en las Islas y puede contribuir a la producción de energía eléctrica reduciendo el nivel de emisiones que se está produciendo en las centrales mayoritarias”.
Junto al expresidente y al actual presidente del Cabildo se posicionan numerosos agentes económicos de la Isla como CEOE, Fepeco, CEST (Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife) o el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos González, quien ve en el gas un combustible cuya suministración en la isla “mejoraría el posicionamiento y la competitividad” de sus puertos.
Los expertos
Los expertos coinciden en que no es posible satisfacer las necesidades energéticas solo con renovables en el corto plazo. En ese sentido se expresa Gonzalo Piernavieja, coordinador de I+D+I del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), al considerar que “Canarias sigue quemando gasoil para generar energía y no puede dar el salto a las renovables de un día para otro”.
Por ello defienden la entrada del gas en Canarias como una vehículo hacia las energías renovables y como una manera de ahorrar dinero.
Según el ingeniero industrial, Alejandro González Calvo, la introducción del gas natural en el sistema energético supondría un ahorro de 90 millones de euros anuales y, además, “sin el gas natural, con las directivas europeas actuales, gran parte del parque de generación de energía eléctrica va a tener que ser desconectado, porque se sigue quemando fuel u otros combustibles que emiten más contaminación que el gas”.