Convenios públicos por valor de 357 millones de euros. Esa es la información, correspondiente al ejercicio de 2021, que han ocultado las entidades locales de Canarias —ayuntamientos, cabildos y mancomunidades—, al Tribunal de Cuentas (TC). Así lo subraya el propio órgano fiscalizador en un informe de 349 páginas, con fecha de 31 de diciembre de 2022, en el que se recoge que la falta de colaboración de las administraciones de las Islas en este asunto corresponde al 15% del total de las instituciones del país —2.378,15 millones de euros—.
El expediente, que repara en los convenios con compromisos económicos superiores a los 600.000 euros, destapa que sólo el 39% de las entidades locales del Estado aportó al TC —o, en su defecto, al Órgano de Control Externo de cada autonomía para su fiscalización en el plazo de tres meses— la documentación necesaria. En total, 8.636 entes públicos incumplieron con sus deberes al no remitir 460 expedientes por importe de 2.378 millones de euros. Esa obstrucción incumple, según recalca el órgano fiscalizador, "la obligación de información prevista en el artículo 53 de la LRJSP (Ley del Régimen Jurídico del Sector Público)".
Ayuntamientos
Entre las entidades locales que eludieron sus responsabilidad, el grupo mayoritario está formado por ayuntamientos: representan el 50% de los convenios públicos no enviados al TC. Los gobiernos municipales, al hablar del importe total de los compromisos adquiridos, suman el 41 % del importe total.
"Por comunidades autónomas", advierte el documento del TC, "destacan en especial las entidades locales de Canarias, por los convenios con compromisos económicos superiores a los 600.000 euros y de los que no habían remitido los expedientes preceptivos, representando un 15 % del total y el 28 % del importe de los compromisos asumidos por las entidades firmantes en los expedientes de convenios pendientes de remitir".
Ejecución presupuestaria
Los convenios públicos no es el único detalle del informe en el que el Tribunal de Cuentas repara en las administraciones del Archipiélago. El dosier, por ejemplo, señala que la ejecución presupuestaria de los cabildos de El Hierro y La Gomera está por debajo del 60% —en el caso de la corporación presidida por Casimiro Curbelo no alcanzó el 43% en 2021—. También muestra que el Cabildo de Fuerteventura llegó a tardar hasta 135 días como periodo medio de pago en octubre de ese año.
Al analizar los tres principales ingresos presupuestarios de los Cabildos, el expediente del TC apunta a los impuestos indirectos (28,63%), tasas y otros ingresos (6,20%) y transferencias corrientes (53,52%).
El Ayuntamiento de Telde aparece como uno de los gobiernos municipales —por encima de los 100.000 habitantes— que redujo en más de un 20% la evolución interanual del gasto ejecutado, tendencia contraria a la de la mayoría de consistorios en 2021 tras dejar atrás los meses del parón provocado por el covid19 y las medidas de confinamiento de la población.
Acuerdos contrarios a reparos
Canarias también sobresale en acuerdos contrarios a reparos —adoptados por el presidente de la entidad local y por el Pleno de la corporación frente a las observaciones realizadas por el órgano de intervención en el ejercicio de su función fiscalizadora—.
De los 50.691 acuerdos contrarios a reparos comunicados, por un importe de 727 millones de euros (un 23 % de los informes y un 30 % del importe total), más de 10.000 correspondían a entidades locales de Andalucía, seguidos por los de Galicia, en las que se emitieron 9.558 informes, así como de Canarias, con 7.722 expedientes remitidos —un 15,2% del total—.
Advertencia
El Tribunal de Cuentas, para promover la rendición de cuentas general y que las entidades locales cumplan con sus obligaciones informativas, advierte que "la prohibición de acceder a subvenciones o ayudas públicas a las entidades que no se hallen al corriente con sus cuentas".