Su objeto social era la venta de automóviles. A ninguno de los altos ejecutivos del Servicio Canario de la Salud (SCS) —Conrado Domínguez (director) o Ana María Pérez (directora de recursos económicos)— le importó que su marca no fuera una de las habituales en la venta de material sanitario. Su solvencia económica, pese a dar señales de empresa fantasma con un simple rastreo en internet, no se discutió. Fue la única compañía a la que se le adelantó el importe total —cuatro millones de euros— para comprar material con el que hacer frente al Covid.-19 en los peores meses de la pandemia. No fue penalizada pese a no dar un número del lote que se comprometió a entregar o adelantar parte del pedido; todo lo contrario, después de recibir dos millones de euros de dinero público se le pagaron otros dos kilos sin demostrar capacidad para cumplir el trato o para reintegrar el dinero. Y aunque se inició la resolución del contrato que ligaba a ambas partes, después de entregar un material que fue destruido al ser falso, el acuerdo fue modificado pese a estar extinto y pese a que las justificaciones jurídicas estaban derogadas. Fue en ese escenario, con todas esas señales de alarma, en el que RR7 United SL —sociedad en la que Rayco Rubén Gozález figura como administrador único— hizo una enorme fortuna a través de la administración pública como uno de los cabecillas del 'caso mascarillas'.

Así lo recalca y sostiene Anticorrupción de Las Palmas, tanto en el informe de su querella como en los comparecencias de las personas investigadas. "Era un empresario [Rayco González] netamente incompetente", afirma el fiscal Javier Ródenas ante Conrado Domínguez antes de añadir que "pese a eso, ha tenido mucha suerte porque nadie le ha pregunta qué era, quién era, cuánto era o cómo iba a hacerlo".

En su investigación, el Ministerio Fiscal sitúa el inicio de la trama en la amistad entre Osvaldo Lastra y Conrado Domínguez —camaradería entre ambos iniciada en sus tiempos de juventud como jugadores de balonmano—. El primero, en marzo de 2020, se dirigió al segundo para advertirle que tenía una oportunidad para acceder a un millón de mascarillas de la marca 3M modelo 1860 NP95 —posibilidad a la que llega a través de Samuel Machín, enlace que en todo momento se presenta ante Lastra (primero) y Domínguez (después) como representante de RR7—.

Orden sin ser director del SCS

A partir de ahí, Domínguez —que en ese momento no era director del SCS (formaba parte de la consjería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias e integraba parte de un comité de asesoramiento sanitario)— dio la orden a la directora de recursos económicos —Ana María Pérez— para que realizara un pedido que, dos años después y tras varios incumplimientos, se ha convertido en una querella de Anticorrupción admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria.

Frente a la orden de Conrado Domínguez, que primero aprobó el pago de dos millones de euros por adelantado en agosto de 2020 de ese mismo año a RR7, tres funcionarias públicas del SCS —en declaración como testigos ante Anticorrupción— fueron coincidentes a la hora de afirmar que habían recomendado que no se realizara el segundo reembolso porque tenían claro que era una "empresa fantasma". Es más, en ese momento —según consta en un escrito del fiscal— le recomendaron a la directora de recursos económicos del SCS que "no pagase ese segundo abono a la vista de que había signos de que pudiera tratarse de un engaño, toda vez, que la empresa no era proveedor habitual de productos sanitarios y su objeto social evidenciaba que nada tenía que ver con productos sanitarios, mucho menos con EPI para hospitales públicos". Frente a esa advetencia, los altos ejecutivos del SCS aprobaron el segundo pago de dos millones de euros a RR7 a final de octubre de 2020. 

Ródenas también considera esclarecedora la declaración de una jefa de servicio del SCS, quien "detalló —con altas dósis de verosimilitud— por la experiencia seguida en los contratos en los que intervino en los primeros meses (los más duros) de la pandemia (marzo y abril 2020) que la orden del segundo pago, de fecha 29 de octubre de 2020, se apartó del proceder habitual seguido en los contratos de emergencia tramitados" en la primavera de hace dos años, "ya que siempre se libraba una primera cantidad (un primer pago) y cuando llegaba el material contratado y adjudicado a la empresa es cuando se conformaba la factura, esto es, se verificaba primero que el material recibido era apto e idóneo y reunía las garantías de calidad necesarias para su destino a los hospitales públicos de la CCAA Canaria y una vez conformada la factura con la entrega del material se procedía al pago restante del importe adjudicado".

Única empresa que cobra por adelantado

Con RR7, sin embargo, el procedimiento fue distinto. "De todos los contratos tramitados", detalla Anticorrupción, "este es el único en el que se libraron la totalidad de los fondos con carácter anticipado, sin recibir una sola muestra del material objeto del suministro adjudicado. Es el único contrato en que se ordenó librar cuatro millones de euros sin recibir nada a cambio".

Incluso después de recibir en Gran Canaria un material considerado falso por la Agencia Tributaria, el SCS optó por dar una segunda oportunidad a RR7 y modificó la resolución del contrato para la entrega de 1,2 millones de cubrebocas de la marca Honeywell que jamás fueron entregados a la administración pública.

Anticorrupción, a partir del trabajo realizado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), interpteta que Ryaco González creado un entramado societario para el blanqueo de capitales tras el cobro de los cuatro millones de euros que cobró al SCS. "El investigado", redacta Ródenas, "ha constituido con las empresas de sus familiares directos que canalizarían los ilícitos flujos de dinero obtenido de la administración pública por la previa comisión de una actividad delictiva previa (estafa)".   

Tras cobrar los cuatro millones de euros del SCS, en la investigación de la UDEF, se determina que Rayco González utilizó, para ocultar 1,35 millones de euros, principalmente dos compañías: Yimbo 7 Inversiones SL —con la que adquirió en Milán (Italia) tres Lamborghini, un Bentley y un Mercedes a cambio de 742.000 euros—y Berabemar 2017 SL. La querella califica los movimientos bancarios como "simuladas operaciones de préstamos societarios a empresas que están bajo su dominio".

Querella admitida a trámite

El Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra Conrado Domínguez y Ana María Pérez por prevaricación administrativa y tráfico de influencias, y contra Rayco González, administrador único de RR7, por estafa y blanqueo de capitales. El Gobierno de Canarias se ha personado como perjudicado.