Antonio Martín Almendros, presidente de la empresa de logística Maresa, compareció en la comisión parlamentaria que investiga el caso Mascarillas y reveló los desafíos que enfrentó durante la pandemia.
“Lo volvería a hacer, pero esta vez hablaría primero con mis abogados para cubrirme las espaldas”, confesó el empresario, quien en 2020 se lanzó a coordinar la llegada de mascarillas y material sanitario sin pensar en las posibles consecuencias legales.
Un bazar
En plena emergencia sanitaria, Maresa organizó el transporte de suministros desde China en un mercado caótico y sin precedentes. “Era como un bazar, con presión constante de los directores de hospitales para que el material llegara en tiempo y forma”, relató.
Pese a las dificultades, Maresa cumplió con el encargo, facturando alrededor de un millón de euros al Servicio Canario de la Salud, una operación que el empresario describió como "lo comido por lo servido", sin margen de beneficio significativo.
Esfuerzo ejemplar
Además, destacó que su empresa nunca estuvo involucrada en los contratos bajo sospecha judicial, como los de la polémica empresa RR7 —su propietario, Rayco González, figura como investigado por el caso Mascarillas después de cobrar cuatro millones de euros y no entragar el material al SCS—.
"La imagen que tengo de aquel momento es la unión entre empresarios, funcionarios y partidos políticos para que la mercancía llegara. Fue un esfuerzo ejemplar", aseguró.
Otras empresas
Sin embargo, el empresario admitió que la experiencia le dejó aprendizajes importantes: “Entonces actué sin mirar, pero hoy no lo haría sin consultar a mis abogados para protegerme".
Esta reflexión surgió tras observar los procedimientos judiciales abiertos por el caso Mascarillas, que señalan a otras empresas por presuntos delitos de corrupción.
Dudas parlamentarias
Martín Almendros también puso en valor la coordinación en Canarias, que calificó como "única en España", con empresas ofreciendo adelantar fondos para superar la falta de liquidez. "Traíamos el material independientemente de quién fuera el propietario, verificando siempre la documentación", explicó.
Esta falta de liquidez llamó la atención de los diputados Nicasio Galván (Vox), Fernando Enseñat (PP) y José Alberto Díaz-Estébanez (CC), porque contrasta con los 4 millones de euros que el Gobierno de Canarias adelantó a la empresa RR7 para la compra de mascarillas que finalmente no fueron entregadas.