La organización Turcón Ecologistas en Acción ha solicitado al Cabildo de Gran Canaria la ampliación por un mes más del periodo de información pública del proyecto del tren entre la capital grancanaria y Maspalomas, según ha informado este jueves en un comunicado.
El colectivo ha presentado un escrito dirigido al consejero de Obras Públicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad del Cabildo, Miguel Ángel Pérez del Pino, en el que señala que precisan de más tiempo para poder presentar alegaciones al proyecto, sus elementos asociados y su estudio de impacto ambiental, ante el "cúmulo de documentos e información" a valorar. Argumentan su solicitud en la normativa relativa a los procesos de información, transparencia y participación ciudadana para este tipo de casos, indica la nota.
Ampliación de los plazos
Así, exponen en ella que el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recoge que se podrá conceder de oficio o a petición de los interesados una ampliación de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero.
Turcón alude también a la Directiva Europea 90/313/CEE que tiende a fomentar el derecho de los ciudadanos a la participación pública y política, a la transparencia en la administración, así como a documentos internacionales como la Agenda 21-Local, la Carta de Aalborg, el Convenio de Aarhus. En su petición se apoyan además en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, por lo que el colectivo Turcón entiende "suficientemente razonada la solicitud de ampliación".
Como actividad complementaria a la preparación de las alegaciones al proyecto, Turcón informa además de que desde la federación Ben Magec Ecologistas en Acción se ha organizado un debate sobre el tren, que considera "un megaproyecto con gran impacto ambiental, económico y social", debido a su coste de 1.500 millones de euros, a la "desmesurada ocupación de suelo, el gran impacto paisajístico y su compleja construcción".